En marcha red diplomática de sensores para reportar todo abuso contra connacionales
Jesús Aranda Ť Al gobierno mexicano le preocupa la aplicación de las nuevas medidas que considera la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, por lo que solicitó a ese país que, entre otras cosas-, ``flexibilice'' la reunificación familiar y que no se apliquen ``patrones discriminatorios'' en perjuicio de nuestros connacionales, informó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Angel González Félix.
En entrevista con La Jornada, el embajador González Félix añadió que como parte de las medidas implementadas por la dependencia en defensa de los derechos humanos y laborales se estableció una ``red de sensores'' en el vecino país en la que participan los 42 consulados que hay allá, 108 cónsules de protección consular, siete abogados de la Secretaría expertos en la materia, así como 181 consultores externos ``que nos reportan cualquier patrón que vean delicado o preocupante''.
A unos días de que la comisionada del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Doris Meissner, arribe a nuestro país, el diplomático señaló que en la agenda de discusión prevista se incluye la demanda del gobierno mexicano de que se respete la no retroactividad de las medidas migratorias que entraron en vigor el primero de abril pasado, la no deportación masiva, así como la no exclusión de los servicios educativos básicos y médicos de emergencia para nuestros compatriotas, incluidos los indocumentados.
Por otra parte, señaló que a pesar de los efectos negativos que tendrá la nueva ley migratoria, no se espera una deportación masiva de compatriotas, como tampoco se reducirá el flujo de los recursos que ellos envían a sus familiares aquí. En síntesis, descartó que sea necesario implementar un programa de repatriación.
Explicó el funcionario que el gobierno mexicano inició desde hace meses una estrategia para revertir los efectos negativos de la ley migratoria para nuestros connacionales. Dicha estrategia se centra en ``lo que sí podemos hacer'', como es el sensibilizar al gobierno estadunidense para evitar efectos negativos para nuestros compatriotas. Esto a través de los diferentes grupos de trabajo -desde el nivel medio hasta encuentros de primer nivel entre las autoridades de los dos países-, en los que se ha logrado avances importantes. Indicó el funcionario que las autoridades mexicanas buscarán influir en la serie de reglamentaciones pendientes de la ley migratoria para atenuar sus efectos negativos.
En este contexto, el funcionario incluyó la preocupación planteada por la cancillería a su contraparte estadunidense para que se ``flexibilice'' lo relativo a la reunificación familiar, entre otras cosas.
Reconoció que la reunificación de esposos o hijos con sus padres acapara actualmente entre 70 y 80 por ciento de las solicitudes de apoyo recibidas por la cancillería en los últimos días y que será el problema principal que analizarán con los estadunidenses.
Aquí acotó que entre los aspectos pendientes de ser reglamentados está el relativo a la reunificación familiar, razón por la que la cancillería insistirá en precisar los mecanismos que regularán las reunificaciones, bajo qué condiciones se hará, quiénes tendrán derecho a ellos y sobre todo -enfatizó-, que se tome en cuenta el lado humano del problema, particularmente en el caso de mujeres y menores de edad.
Detalló durante la plática que cuando el gobierno mexicano tuvo conocimiento de la aprobación estadunidense de su ley migratoria en octubre de 1996, inició las conversaciones con su contraparte. Así, entre otras cosas ``se logró'' que los efectos de la citada ley no fueran retroactivos; que no hubiera deportaciones masivas, sino que cada caso tuviera un tratamiento individual y que no hubiera ``exclusión inmediata'' en caso de indocumentados detenidos en el interior de los Estados Unidos.
En cambio, aclaró que ``lo que el gobierno no puede hacer'' es acudir a los tribunales internacionales de justicia. En primer lugar, porque se trata de una ley interna estadounidense; y en segundo, porque Estados Unidos no reconoce la jurisdicción internacional en esa materia.
Por otra parte, el embajador González Félix afirmó que los efectos de la ley migratoria serán particularmente negativos para quiénes pretendan ingresar a los Estados Unidos. Es decir, manifestó, para quienes ya residen en el vecino país de manera legal o ilegal subsisten mecanismos legales como la apelación o el derecho de audiencia en las que podrán defenderse.
Finalmente, dijo que no es casual que en la próxima entrevista entre los presidentes Ernesto Zedillo y William Clinton, el tema migratorio ocupe un lugar ``prioritario''.