Las renuncias, anunciadas anteayer, de Eraclio Zepeda y Raúl Gutiérrez Serrano a la Secretaría de Gobierno de Chiapas y a la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, respectivamente, aunque remiten a dos escenarios muy distintos con problemáticas muy particulares -el desgobierno, la tensión y la violencia en Chiapas, y la corrupción e impunidad existente en las cárceles capitalinas-, convergen en una preocupante situación común: las conflictivas e insatisfactorias trayectorias de ambos funcionarios, los cuales dejan tras de sí sendas series de sucesos cruentos, no suficientemente aclarados, y en los cuales pudieran encontrarse responsabilidades civiles o penales.

En el caso de Chiapas, durante la gestión de Zepeda el gobierno de ese estado llevó a cabo 56 operativos policiacos que dejaron un saldo de 111 muertes. El más reciente fue la intervención policial, que degeneró en una matanza de campesinos, en el municipio de El Bosque, y en el cual participó el procurador chiapaneco, Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien se encontraba en el lugar a bordo de un helicóptero desde el cual se abrió fuego.

Ante esos sucesos, resulta urgente e inaplazable investigar a fondo cada uno de los hechos de sangre sucedidos en Chiapas, con el fin de deslindar responsabilidades, castigar a los culpables y restablecer la vigencia del estado de derecho en la entidad. Por ello, junto con la de Zepeda, la separación de Hernández Aguilar de su cargo es una condición indispensable para que esas indagaciones puedan efectuarse con la profundidad y amplitud que ameritan.

Por lo que toca a los reclusorios del DF, la situación es también muy grave. La renuncia de Gutiérrez Serrano -luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la capital denunciara y documentara el ``elefante de corrupción'' en que se ha convertido el sistema penitenciario y carcelario de la ciudad- debe motivar también una investigación de todas las irregularidades y una depuración efectiva de los funcionarios y el personal de las cárceles, como un primer paso para terminar con la larga lista de lacras que se presentan en las centros de reclusión. Sin embargo, no basta la designación de un nuevo titular de Reclusorios --van tres en la presente administración de la ciudad-- para resolver los hondos problemas que registra el sistema carcelario, sino que es indispensable realizar una reforma completa de la normatividad en la materia para acabar con la cadena de corrupción en los penales.

Más allá de las salidas de funcionarios que desempeñaron sus ta-reas en forma cuando menos insatisfactoria, en ambos casos debe procederse a una completa reconstitución del marco jurídico, y para ello es necesario investigar las posibles responsabilidades de Zepeda y de Gutiérrez Serrano en los hechos violentos y delictivos que aparecen asociados al desempeño de sus respectivas funciones. Si los ex funcionarios son inocentes, ello redundará en su beneficio, en la medida en que les será posible deslindarse de tales sucesos. En caso contrario, habrá de actuarse conforme a la ley y aplicar las sanciones que correspondan, porque la impunidad, en cualquier ámbito de la administración pública del país, es del todo inaceptable.