BASES MILITARES EN DESUSO, POSIBLES CENTROS DE RECLUSION DEL SIN

Jesús Aranda y Alma E. Muñoz Ť El Departamento de Defensa de Estados Unidos inició un programa piloto para determinar la viabilidad del uso de bases militares clausuradas, como centros de detención del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN).

Lo anterior lo establece la ley migratoria aprobada por el Congreso estadunidense en septiembre de 1996, la cual prevé además la autorización a la Guardia Nacional para que colabore con el SIN en la transportación de inmigrantes que hayan violado las leyes federales y estatales de ese país en materia de persecución y uso o distribución de enervantes.

Asimismo, entre las acciones que incluye esta legislación para frenar el paso de indocumentados a territorio estadunidense, se autoriza al SIN interceptar llamadas telefónicas en la investigación que realice sobre tráfico de migrantes y falsificación de documentos.

Por su parte, el director general de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Loaeza Tovar, adelantó que en la próxima reunión binacional México-Estados Unidos, nuestro país planteará su preocupación por la posibilidad de que los servicios migratorios del vecino país utilicen a policías estatales y locales para detener el flujo de inmigrantes.

``Una de las preocupaciones mayores del gobierno mexicano es que las policías estatales y locales se vuelvan coadyuvantes del SIN, por la aplicación de la nueva ley'', dijo en entrevista el funcionario.

Al respecto, la cancillería agregó que buscará incidir en la reglamentación posterior de la citada ley, respecto a la autorización que prevé para que los oficiales estatales o locales sean autorizados para ``realizar actividades de oficiales de migración, ante la eventualidad de un flujo masivo de inmigrantes por las costas o fronteras terrestres''.

Entre las nuevas atribuciones del SIN para combatir el tráfico de indocumentados destacan la autorización para utilizar fondos gubernamentales para establecer y operar corporaciones y negocios encubiertos con fines de investigación; además, el uso de testimonios grabados en juicios relacionados con el tráfico de migrantes y el uso de testimonios de aquellos inmigrantes introducidos en Estados Unidos de manera ilegal, evitando así su detención.

Por otro lado, se prevé que a todos los solicitantes de visa estadunidense se les pida una cartilla de vacunación ``contra ciertas enfermedades'', así como el ``tratamiento de información confidencial en casos de deportación de inmigrantes terroristas''.

En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano hará hoy un pronunciamiento sobre la violación a los derechos de los connacionales en Estados Unidos.

Jesús Garza Gómez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Movilidad Humana, informó lo anterior y añadió que constantemente sostienen reuniones con obispos de la frontera sur de Estados Unidos para conocer la situación de los migrantes, ``quienes siempre han padecido violaciones a sus garantías individuales''.

Consideró que ni la Iglesia católica ni el sector oficial cuentan con la infraestructura necesaria para recibir a los deportados, que en un año podrían llegar a un millón 500 mil personas. Por eso, dijo, nosotros nos preparamos para brindar asistencia humanitaria gratuita en la frontera norte a través de las casas del migrante.

El sacerdote habló durante la penúltima conferencia de la 62 Asamblea Ordinaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde la mañana de ayer el nuncio apostólico, Girolamo Prigione, presidió una concelebración eucarística y recibió de los obispos el agradecimiento por la labor que desempeñó en México durante 19 años.

En otro orden, el Consejo Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigió ayer que el gobierno de Estados Unidos respete los derechos de los migrantes mexicanos que buscan mejores oportunidades de trabajo en ese país. Durante el encuentro magisterial, celebrado en Tepic, Nayarit, los dirigentes de 54 secciones sindicales se comprometieron también a impulsar ``formas solidarias'' para defender los derechos humanos de aquellos connacionales que sufren los embates de leyes discriminatorias y racistas.