Alto a la represión en Guerrero o renuncia de Aguirre, exige el consejo indígena 500 Años

Ernesto Araiza y Verónica Villa, especial para La Jornada, Chilpancingo, Gro. Ť El 78 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata fue recordado aquí con la exigencia de que el gobierno estatal pare la represión o que el gobernador interino renuncie. Desde las 10 de la mañana se reunieron las principales organizaciones defensoras de derechos humanos de La Montaña, Costa Grande y varias comunidades de la Costa Chica.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro Fray Francisco de Vitoria y la Fundación Ovando y Gil, entre otras, también hicieron denuncia y recuento de abusos,crímenes y torturas contra los indígenas y campesinos en todo el estado.

Hay testimonios de más de 150 viudas de perredistas que atribuyen el asesinato de sus cónyuges a motivos políticos. Los resultados de la jornada Por nuestras voces hablará Zapata indican que la violación más común a los derechos humanos es la supuesta delación o difamación, que pone en acción al aparato represor. Siguen las ejecuciones, amenazas y hostigamiento, las aprehensiones sin orden judicial, las desapariciones y los secuestros.

De acuerdo con esos datos, las violaciones son cometidas por la Policía Judicial del Estado, el Ejército, la policía motorizada o la municipal y grupos paramilitares, como el denominado Confidente cero ocho.

Entre los municipios más afectados por la violencia señalan a: Acapulco, Coyuca, Chilpancingo, Chilapa, Olinalá, Ayutla, Heliodoro Castillo, Tlacoachistlahuaca, Malinaltepec, Acatepec y Copalillo.

Por su parte, el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena clausuró su tercer congreso y en la Segunda Declaración de Chilpancingo convoca a todos los pueblos indígenas del país a ``un levantamiento pacífico a nivel nacional, por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés''.

Indígenas mixtecos, amuzgos, nahuas y tlapanecos exigieron en sus lenguas acabar con la carencia de servicios y apoyos básicos, la violencia y la represión política en todas las regiones indígenas del estado; el ``diseño de políticas acordes a las aspiraciones y diversidad cultural de los indígenas'', y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, pues ``sentimos en carne propia el grito de coraje y dignidad de nuestros hermanos indígenas zapatistas, ya que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, libre determinación no es separación ni pulverización de nuestra nación''.

Demandaron que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verifique y sea garante del cumplimiento de esos acuerdos.

El Consejo acordó capacitar en cada comunidad, al menos con dos promotores de derechos humanos, en coordinación con organizaciones nacionales.

También acordó luchar por el ejercicio pleno de los derechos políticos de la mujer, de modo que ``pueda haber comisarias o regidoras indígenas, algo que nunca ha existido''.

Mientras que el Consejo Guerrerense contó con la presencia del gobernador del estado durante 40 minutos, el acto de derechos humanos Por nuestras voces hablará Zapata fue desatendido por el gobierno; sólo la Secretaría de la Mujer ofreció una frugal comida a las comunidades que la madrugada del jueves instalaron un plantón.

Al término del congreso del Consejo Guerrerense, ambos grupos realizaron una marcha por las principales calles de la capital del estado, que fue festejada por un gran número de spersonas atraídas por las 18 bandas de viento de distintas regiones que resonaban por todo Chilpancingo, lo que sirvió de fondo a las consignas de justicia y contra la represión.