En una carta a Roccatti, le demandan instar a Zedillo a acatar la recomendación de la CIDH

Claudia Herrera Beltrán Ť Representantes de organizaciones civiles pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que inste al presidente Ernesto Zedillo a cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que plantean la liberación del general José Francisco Gallardo.

Miembros de cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos y el jurista Emilio Krieger hicieron llegar un escrito a la CNDH con esa petición, y enviaron otro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invitándola a que efectúe una investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos del general Gallardo por parte de autoridades judiciales militares y de sus tribunales.

Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dos abogados que llevan el caso y los familiares del militar recluido en el Campo Militar Número 1 ofrecieron una conferencia de prensa, en la cual declararon su interés de que Zedillo ``tome cartas en el asunto'', por considerar que en México la aplicación de la justicia todavía depende de la ``voluntad política'' y del mandato del Ejecutivo federal.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) piden en la carta dirigida a la presidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, que solicite al Estado mexicano acatar sus responsabilidades internacionales y cumplir con la recomendación emitida por la CIDH.

El organismo internacional de derechos humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una recomendación el 15 de octubre de 1996, en la que solicita al gobierno mexicano liberar al general Gallardo, por considerar que el Ministerio Público militar ha ``abusado de sus facultades públicas para mantener en prisión al militar'', quien empezó a ser cuestionado por altos mandos castrenses cuando propuso en su tesis de maestría la creación de un ombudsman militar.

En el texto, Mariclaire Acosta afirma a la titular de la CNDH que el responsable de las violaciones a los derechos humanos de Gallardo es el Poder Ejecutivo, a través de los órganos de justicia militar que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que esa situación impide al presidente Zedillo alegar que no puede intervenir por la existencia de la división de poderes.

La abogada Gracia Moheno, quien lleva el expediente del general Gallardo relacionado con la recomendación de la CIDH, explicó que México está obligado a acatar las disposiciones del organismo internacional de derechos humanos, debido a que en 1974 ratificó la Convención de Viena, en la que se establece que ``un Estado no puede invocar las disposiciones de derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales''.

A su vez, el abogado defensor de Gallardo, Félix Salgado Garza, indicó que las ONG pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ``se insten a sí mismos'' y efectúen una investigación de las violaciones de derechos humanos contra el militar encarcelado desde noviembre de 1993.

Mariclaire Acosta, David Fernández, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Sergio Aguayo, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y el abogado Emilio Krieger firmaron el texto en el que piden la intervención de los ministros.

Esta es la segunda vez que los defensores de los derechos humanos se dirigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que investigue el expediente del general Gallardo.

En la primera ocasión, el 28 de febrero pasado, los ministros se negaron a intervenir por considerar que los representantes de esos organismos carecían de legitimidad para sugerir una indagación de ese tipo y no estaban en posición de criticar el juicio de amparo.

Salgado Garza aseveró que los señalamientos del máximo órgano del Poder Judicial son ``equívoco y sesgados, pues en ningún momento criticamos al juicio de amparo o a sus procedimientos de ejecución, ni tampoco alegamos tener legitimación para incitar a la Corte a que inicie una investigación de ese tipo''.

Por ello, los interesados en la liberación del general Gallardo, solicitaron que sean los ministros quienes ``se insten a sí mismos'' para realizar una indagación de los hechos violatorios de las garantías individuales y derechos humanos de que ha sido víctima el militar, quien enfrenta 16 averiguaciones previas y nueve causas penales.