Parecen buenas noticias:
Marco Antonio Bernal, Eraclio Zepeda y Uriel Jarquin, tres personajes nefastos para el diálogo por la paz en Chiapas, han quedado fuera del teatro de la guerra.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), respaldada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), buscará concertar, a la mayor brevedad posible, ``una tregua social'' entre los chiapanecos.
Más de 60 diputados federales, de todos los partidos que actúan en el Congreso, exhortan a zapatistas y ``gobierno'' a superar sus diferencias, y confían en que la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena puede ser aprobada antes del primero de mayo.
La Secretaría de Gobernación, a su turno, llama al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a ``retornar al diálogo abierto''.
Parecen buenas noticias: no lo son.
Marco Antonio Bernal -jefe de los representantes oficiales de Ernesto Zedillo y Emilio Chuayffet en el diálogo con los zapatistas- recibe, en premio por haber destruido la mesa de San Andrés, una candidatura al Senado de la República (la número 12 en la lista del PRI), desde la cual será lanzado al gobierno de Tamaulipas.
Zepeda y Jarquin abandonan sus puestos en el gabinete de Julio César Ruiz Ferro porque ésta fue la condición que los priístas locales impusieron al ``gobernador'' de Chiapas para ratificarlo en su cargo. El acuerdo fue tomado en noviembre de 1996, pero su aplicación se retrasó porque Laco se negaba a desocupar la oficina desde la que arruinó su vida al mismo tiempo que impartía la muerte.
Ahora, después de regresar a la pantalla grande actuando como un simpático carnicero -el papel más convincente de su carrera- en el cortometraje De tripas, corazón, Eraclio extiende su mano ensangrentada en una esquela fúnebre y, dolido como tantos otros por la muerte de Heberto Castillo, espera una embajada en Centroamérica.
Uriel Jarquin, según rumores, se irá como asesor de Gustavo Hirales, cualquiera que sea el sótano en donde éste se encuentre.
Los diputados y senadores de la Cocopa, que en octubre de 1996 fueron engañados por Chuayffet, cuando vislumbraron, y creyeron sinceramente, que era posible construir una vía rápida de negociación para firmar la paz con el EZLN antes del primero de enero de 1997 -y que, por lo tanto, sin querer, engañaron a su vez a los zapatistas-, hoy regresan a la escena, con bombo y platillo, porque han vuelto a ser útiles a las necesidades inmediatas del régimen.
La Cocopa, en buena hora, ha dado una muestra de creatividad política al moverse en varios frentes. Jaime Martínez Veloz, presidente de la comisión legislativa, figura entre la carta de los 60 diputados federales que el jueves ofrecieron sus conocimientos para ayudar a zapatistas y ``gobierno'' a superar las ``deficiencias de técnica jurídica'' del proyecto de ley que fue aceptado por el EZLN, pero rechazado por Zedillo debido a que el concepto de ``autonomía de las comunidades indígenas'' se contrapone al proyecto de las plantaciones comerciales de eucaliptos y al megaproyecto del Istmo de Tehuantepec.
Pero mientras legisladores y obispos se embarcan rumbo a Chiapas, a procurar ``una tregua social'' -que debe detener las agresiones del grupo Paz y Justicia en el norte del estado, así como las provocaciones de Ruiz Ferro contra los pueblos zapatistas de Los Altos y, al mismo tiempo, reducir la presión militar contra el EZLN en la selva-, la Secretaría de Gobernación desempolva, y actualiza, el viejo e hipócrita argumento del ``yo no fui, fue Teté'', que ha llevado las cosas a su punto actual (véase La Jornada del 10 de abril, día de Emiliano Zapata):
Gobernación -dice la nota del reportero José Antonio Román- ha dado ``reiteradas pruebas de flexibilidad'' como ``la liberación de Fernando Yáñez, alias Germán; (de) Javier Elorriaga, Vicente, y de Salvador Entzin'', y agrega: ``En todas ellas, sin violentar la ley ni el estado de derecho, y con estricto apego al principio de legalidad, el gobierno ha hecho lo que está en su esfera de competencia para favorecer el diálogo y la solución política del conflicto''.
O sea que, una vez más, los únicos culpables son los zapatistas.
¿A qué obedece este repentino cambio de actitud de la administración de Zedillo? ¿Qué resorte ha impulsado a los hombres del primer círculo de Los Pinos a desplegar esta aparente ofensiva en pro de la paz? La respuesta se encuentra en un cable de la agencia Notimex, fechado el 7 de abril en una ciudad holandesa cuyo nombre -con todo respeto- suena como onomatopeya de estornudo en estas tierras: Noordwijk.
Y es que Noordwijk, en efecto, fue la sede de la reunión que todos los años celebran los cancilleres de Europa y de América Latina para discutir sobre las relaciones comerciales entre sus respectivos continentes, por decirlo así. En ese marco, José Angel Gurría, representante de Zedillo, anunció que México aceptó la propuesta de negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE) que incluya la famosa cláusula democrática, a la que se había opuesto con vehemencia el secretario de Comercio, Herminio Blanco.
La cláusula democrática -por si no lo sabías, me recuerda el tonto del pueblo- es un mecanismo adoptado por el Parlamento Europeo para ejercer alguna forma de control en materia de derechos humanos sobre los países asociados a la UE. Desde que México entabló conversaciones con los directivos del tercer bloque comercial más importante del mundo, éstos pusieron como condición para hablar de un nuevo TLC, que Zedillo resolviera el conflicto de Chiapas por la vía del diálogo, y que impusiera su autoridad para evitar las continuas violaciones a los derechos humanos tanto en Chiapas como en el resto del país.
En noviembre del año pasado, durante su visita a Estrasburgo, Javier Elorriaga y Gloria Benavides oyeron a diversos diputados del Parlamento Europeo ratificar que la UE no cedería un ápice de esta exigencia ante México. Y por lo visto, la UE ha cumplido su palabra.
No hay espacio en esta página para discutir, o proponer, una interpretación geoestratégica, ni mucho menos, que permita analizar el porqué de este viraje de la política exterior mexicana. ¿Es una respuesta a la insolencia de Estados Unidos, que, después del sainete de la certificación, abrió la amenaza de la deportación de 2 millones de indocumentados?
¿Es que la integración económica entre México y Estados Unidos ha llegado a su límite y debemos, por ello, mirar hacia otros mercados? ¿O es que Estados Unidos y Europa han establecido acuerdos para desarrollar nuevas formas de relación a través de México?
-Yo no lo sé -me dice, encogiéndose de hombros, el tonto del pueblo-. ¿Y tú?
-Desde luego que yo, menos -le digo.
-¿Y si nos fuéramos a tomar un chela, y decimos que metan una foto grande, grande, y aquí la dejamos?
El tic tac de todos los relojes de la cárcel de Tecamacharco nos disuade. Yo he venido a visitar al amigo en desgracia, preso desde el escándalo del Viernes Santo, y ya que estamos aquí...
Entre que son peras o manzanas, y ante el peligro de un escandaloso debate sobre las plantaciones comerciales de eucaliptos, el ``gobierno'' decidió no enviar al Congreso, no todavía, el proyecto de la nueva Ley Forestal. Pero el miércoles de la semana pasada, por acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), el Ejecutivo expidió -y publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación- una convocatoria para sacar a subasta un paquete de 260 millones de pesos que serán usados para subsidiar las plantaciones comerciales de eucaliptos.
La medida fue tomada con base en los artículos 1 y 33 de la Ley Forestal de 1992, aún vigente, y el Acuerdo señala: que ``el Gobierno federal ha considerado al establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales como una actividad prioritaria, que requiere ser impulsada en forma transitoria'' (¿20 años es un plazo transitorio?, pregunta el tonto del pueblo) ``con el fin de aprovechar el potencial y las ventajas comparativas con que el territorio nacional cuenta...''.
Según prueba este documento, Zedillo concedió exactamente lo que en junio de 1995 le pidió Edward J. Kobacker, presidente de International Paper, en su difundida carta personal a Luis Téllez, cuando puso como requisito esencial para iniciar sus actividades en México que las plantaciones fuesen declaradas ``prioridad nacional'' de México. Lo notable es que en el texto del mismo Acuerdo presidencial, la Semarnap anuncia que otorgará subsidios por 23 millones de pesos para apoyar a los más de 9 mil ejidos que explotan los bosques naturales.
Los campesinos, por lo tanto, recibirán menos de 10 por ciento del subsidio concedido a los plantadores transnacionales, quienes, sin embargo, deberán operar
escudándose en prestanombres mexicanos, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia y la Ley de Inversión Extranjera.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo aseguraba así la continuidad de los procesos globalizadores -porque el apoyo a las plantaciones es sólo un paso más hacia el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec-, la Semarnap elaboró un nuevo proyecto de Ley Forestal, fechado el 2 de abril, que viene a sustituir al del 24 de marzo, pero, a diferencia de éste, el actual circula en forma muy restringida, y aumenta la cautela al extremo de que en el nuevo borrador ya no se habla de ``plantaciones forestales comerciales'', sino de ``forestaciones comerciales'', que es lo mismo pero a lo mejor engaña a los distraídos.
¿Qué clase de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indios puede ser aprobada antes del primero de mayo, si en la práctica el gobierno ha conculcado ya los derechos de los pueblos indios al favorecer sin recato los intereses de las grandes empresas madereras?
La ofensiva por la paz, que emprenderán obispos, senadores y diputados, está condenada de antemano al fracaso porque el régimen no hace sino profundizar las condiciones de un conflicto que, no sólo en Chiapas sino en todos los territorios indígenas del sureste, tarde o temprano acabará en una guerra abierta.
¿Volverá la Cocopa a prestarse a este manejo? ¿No es deber de sus integrantes pronunciarse sobre la Ley Forestal y denunciar que es contradictoria con los acuerdos de San Andrés? ¿No es obligación de los partidos políticos manifestarse al respecto? ¿O lo que se pretende, simplemente, es lograr una paz esquizofrénica?