Ofrece Washington a la UE reformar la Helms; no llegar a la OMC, el objetivo

Pl, Afp, Efe, Ansa y Reuter, Washington, 11 de abril Ť Estados Unidos seguirá manteniendo su actual política de dureza contra Cuba mientras no se observen reformas en la isla, declaró hoy el presidente Bill Clinton, quien además justificó que esa política ``la dicta'' La Habana con sus actitudes como el derribo de dos avionetas.

En una reunión con editores estadunidenses, el mandatario explicó el doble estándar de su política frente a Cuba en relación con otros países comunistas, como China, Vietnam y Corea del Norte, al afirmar que a los congresistas de su país les molestó mucho el incidente de las dos avionetas derribadas el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro anticastristas del grupo Hermanos al Rescate.

Dijo que en los otros tres países no ha muerto ningún estadunidense, y que a raíz de ese hecho fue que se aprobó la ley Helms-Burton y que él firmó ``con pesar'' pero ``no de mala gana''.

Agregó que con anterioridad él apoyaba la llamada Ley de Democracia Cubana, promulgada en 1992, que por una parte presionaba con el embargo y por otra ofrecía ``incentivos''.

En ese contexto, el presidente Clinton sostuvo que la política estadunidense es por tanto una que ``fue dictada por Cuba'' y no por los Estados Unidos.

``Y mientras yo no vea alguna indicación de voluntad de cambio, va a ser muy difícil persuadirme para cambiarla'', anotó el mandatario.

Al mismo tiempo, en Bruselas se dio a conocer que Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo de principio en torno a la disputa de la ley Helms-Burton, mediante el cual se evitará llevar ante un panel de la Organización Mundial de Comercio una demanda judicial contra Washington por la citada ley.

El acuerdo general fue alcanzado tras una serie de discusiones entre el comisario europeo de Comercio, Leon Brittan, y el enviado especial estadunidense, Stuart Eizenstat, por el cual se levanta la denuncia a cambio del compromiso del gobierno de Clinton de modificar los artículos que generaron el diferendo.

Brittan comentó a los periodistas que el acuerdo marca el camino para una solución duradera a través de una modificación de la polémica ley Helms-Burton, y para el diálogo sobre el desacuerdo principal de Europa con los estadunidenses referente a su rechazo de la extraterritorialidad de una nación sobre otra en relación a terceros.

Los negociadores de Estados Unidos querían que la suspensión del arbitraje ante la Organización Mundial de Comercio fuera sólo por seis meses, pero la Unión Europea puntualizó que se reservará el derecho de reintroducir su demanda si los intereses europeos se ven nuevamente amenazados, ya sea por la ley Helms Burton o por la D'Amato, que en este caso refuerza el embargo contra Irán y Libia.

Ahora el gobierno de Estados Unidos quiere que las conversaciones respecto de un acuerdo multilateral sobre inversiones en el marco de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico desemboque en un código de conducta aplicable al caso cubano y a todas las propiedades confiscadas en el mundo.

Fuentes europeas dijeron que de hecho la prohibición de invertir en propiedades confiscadas existe ya en la ley internacional, pero que Washington trataría de darle mayor realce para desalentar que las empresas inviertan en Cuba.

En cambio, la Unión Europea sólo acepta que un código de conducta sobre inversiones en bienes confiscados se aplique a las futuras inversiones y no a las ya realizadas.

Por lo pronto, el acuerdo de principio con Estados Unidos sobre la Helms-Burton aún deberá ser discutido el próximo lunes en Bruselas por los 15 países miembros de la Unión Europea para su aprobación.

Por su parte, el gobierno de Canadá dijo que ese acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea también debe ser aplicado en relación con los canadienses y a otros países interesados.

Apuntó que la polémica ley estadunidense no debería derivar en la aplicación de medidas discriminatorias ``para unos países y para otros no''.

En tanto que el senador Jesse Helms y otros legisladores estadunidenses de origen cubano se manifestaban contrarios a cualquier modificación que debilite la mencionada ley, una corte federal en Miami resolvió mantener detenido a Javier Ferreiro, empresario español residente en Cuba, bajo los cargos de ``comercio con el enemigo, lavado de dinero y conspiración'', por los que se le podría condenar hasta a 20 años de cárcel.