La Jornada 12 de abril de 1997

Sustituir al INCD con una fiscalía especial, plantean juristas a Zedillo

Elena Gallegos Ť El Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) debe desaparecer ``a la brevedad'', ya que demostró poca eficacia en el desmantelamiento de los cárteles; es deplorable la injerencia que en su estructura ha tenido el crimen organizado; se ha documentado la corrupción en la que han incurrido funcionarios de esa institución --basta recordar el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo--, y experimenta un gran deterioro desde su creación.

Lo anterior fue expuesto ayer al presidente Ernesto Zedillo por el grupo de 12 juristas que se integró para buscar los mejores caminos para la restructuración de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes propusieron además que el INCD sea sustituido por una Fiscalía Especial de Delitos Contra la Salud.

El jefe del Ejecutivo recibió sus propuestas y les dijo que las consideraría cuidadosamente para la toma de decisiones conducentes. Luego, los exhortó a continuar desarrollando con toda energía y profundidad sus tareas en favor de una mejor procuración de justicia en México.

Integran el grupo de trabajo --constituido el 26 de febrero-- los juristas Ignacio Burgoa Orihuela, Sergio García Ramírez, Máximo Carvajal Contreras, Héctor Fix Zamudio, Santiago Corcuera Cabezut, José Ramón Cossío Díaz, Andrés Iglesias Baillet, Pedro Ojeda Paullada, José Ovalle Favela, Miguel Sarre Iguiniz, José Luis Soberanes Fernández y Jesús Zamora Pierce. La reunión con el Presidente se efectuó en la residencia oficial de Los Pinos, fue privada y en ella estuvo el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia de la República, los abogados ofrecieron al presidente Zedillo que lo más pronto posible le entregarán un estudio completo para la reforma integral de la PGR y para plantear los ajustes al sistema de enjuiciamiento penal.

La propuesta entregada comprende:

--La desaparición del INCD y creación de una fiscalía especial, cuyo titular sería designado por el jefe del Ejecutivo.

--La nueva Fiscalía Especial de Delitos Contra la Salud sólo estará conformada por personal ministerial, policial, pericial y administrativo que hubiese aprobado satisfactoriamente los siguientes exámenes: médico toxicológico, psicológico, situación patrimonial, visita domiciliaria y polígrafo.

--Por ningún motivo podrían ingresar a esa fiscalía quienes no hubiesen aprobado alguna de esas evaluaciones.

--El personal ministerial, policial y pericial de la fiscalía contará con programas de capacitación y especialización que permitan un desarrollo altamente eficiente en sus tareas.

--Será fundamental que se incrementen de manera sustancial los salarios, las percepciones y los estudios para el personal que forme parte de ella, como una forma de proporcionar (al personal) los elementos necesarios que impidan caer en actos de corrupción.

--La fiscalía especial propuesta contaría además con el equipo técnico y los recursos financieros indispensables para realizar satisfactoriamente su tarea.