El día del aniversario de la Expropiación Petrolera se dio a conocer el Programa de Trabajo 1997 del Sector de la Energía. En él hay dos ideas fundamentales que exigen una detenida reflexión: 1) considerar a la sociedad civil más como objeto de la acción estatal que como sujeto funda- mental del cambio; 2) hacer depender la eficiencia y la equidad en el ámbito de nuestra vida energética de la construcción de mercados de energía. Estas dos ideas permean a profundidad una rediseñada estrategia energética gubernamental, que parece vergonzante cuando ratifica -justamente con timidez- el carácter nacional de los recursos energéticos.

Como han demostrado varios especialistas, una lectura cuidadosa y serena de nuestra tradición jurídica y económica, y un análisis acucioso de las actuales experiencias internacionales en el ámbito energético, permiten asegurar que no es regresivo ni obsoleto, al menos todavía, dos ideas contrapuestas a las gubernamentales: 1) que sólo cuando la acción gubernamental sea considerada como catalizadora y codyuvante de una firme y continua acción de la sociedad civil, sólo entonces las buenas acciones y orientaciones gubernamentales -que las hay, por cierto-, tendrán un sentido y una operatividad determinantes para un cambio de fondo; 2) que únicamente cuando el mercado sea considerado como un mecanismo subsidiario en la búsqueda de la eficiencia económica y de la equidad social, también sólo entonces, se estará en condiciones de una transformación de fondo en un sentido progresivo y nacionalista. ¿Por qué? Simplemente porque la sociedad será sujeto esencial de su desarrollo y los mecanismos de mercado -necesariamente controlados por ella- podrán operar como elementos impulsores, que no subordinantes de su desenvolvimiento económico y social.

La estrategia gubernamental urge a la sociedad su participación, pero la reduce a la utilización eficiente y limpia de combustibles y de electricidad; y en ese marco le solicita su apoyo para lograr metas que hace mucho que no somete a discusión. El proceso de democratización parece llegar -y sólo de manera restringida- a las elecciones. Hace muchos años que no se consulta a la sociedad sobre los objetivos, las políticas, las prioridades y metas de un sector como el energético, en el que se juega algo más que la producción y comercialización de barriles de petróleo, pies cúbicos de gas natural o kilowatts-hora.

Estoy seguro, por ejemplo, de que no existe consenso social en asuntos tan delicados como la ampliación de la plataforma de producción de crudo a poco más de tres millones de barriles al día, y el incremento de poco más de 10 por ciento en las exportaciones en 1997, máxime cuando, por lo demás, este año la demanda mundial de petróleo acaso crecerá un máximo de 3 por ciento, y la de nuestros obsesivos y agresivos compradores estadunidenses un máximo de 9 por ciento, siempre y cuando -estima el mismísimo Departamento de Energía del vecino país- se registre una caída drástica de precios del crudo de al menos 19 por ciento, fenómeno muy poco probable. No está mal que una de las prioridades gubernamentales sea lograr un apoyo decidido del sector energía a la economía y las finanzas públicas del país en 1997; pero no está claro que la forma en que esto se busca sea la única o la mejor, menos aún la deseada y asumida por la sociedad.