Firman gobierno federal y estados nuevo convenio de seguridad pública

Elena Gallegos Ť México enfrenta un grave problema de inseguridad pública como consecuencia de años de rezagos, leyes inadecuadas, instituciones atrasadas, nula coordinación entre los distintos niveles de gobierno y escasos recursos, lamentó el presidente Ernesto Zedillo.

Antes, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, sostuvo que una de las causas de la creciente inseguridad --los delitos del fuero común se duplicaron y los del fuero federal se cuadruplicaron en 14 años-- es la insuficiencia crónica de apoyos financieros para las instituciones responsables: ``Mientras en otros países la seguridad pública suele alcanzar entre 1 y 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), en México, durante los últimos años, hemos destinado una proporción 100 veces menor''.

Esto se dijo ayer en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, durante una reunión en la que estuvieron los gobernadores --sólo faltó Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco--, y en la que Federación y estados firmaron los convenios para el Financiamiento Conjunto de la Seguridad Pública 1997.

Allí mismo, el secretario Chuayffet admitió: ``Nuestra vida social se ha ensombrecido por la inseguridad'', y pidió ``rechazar sistemáticamente la apología de la violencia y el crimen''.

El monto que se erogará a través de los convenios alcanzará --como se anunció el 5 de febrero pasado en Querétaro-- los 2 mil 405 millones de pesos. Esos recursos adicionales serán destinados a equipamiento, infraestructura penitenciaria, formación de policías, subsistema de información y equipo de laboratorio para la investigación criminalística.

Al abordar el tema, el presidente Zedillo dijo que hoy los problemas de seguridad pública no reconocen diferencias geográficas, económicas o sociales, y afectan con similar gravedad colonias, barrios, vía pública y fuentes de trabajo.

Hizo un recuento de las acciones que desde el inicio de su administración se han tomado para afrontar esa situación, y que van desde reformas a la Constitución y a las leyes, hasta la aplicación de medidas para combatir a la delincuencia.

Después se refirió a la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), y convino en que sigue en marcha la restructuración de las instituciones encargadas de procurar justicia. ``Los mexicanos exigimos y merecemos que la procuración de justicia se cumpla con estricto apego a la ley, invariable respeto a los derechos humanos, clara protección de las libertades y con limpio servicio a la ciudadanía''.

Luego, y al hablar concretamente del significado de los convenios y de la aplicación de los recursos adicionales, Zedillo señaló que se da con ello un paso muy importante en la dotación y el ejercicio coordinado de los fondos financieros. Felicitó a los miembros del CNSP --Gobernación, gobiernos estatales y procuradu- rías-- por los intensos trabajos que sostuvieron hasta encontrar la fórmula mediante la cual serán distribuidos los dineros, por actuar con honda convicción federalista y con claro sentido de la urgencia que reviste ese problema.

El primer mandatario ofreció mantener ``por mucho tiempo el mayor esfuerzo, ya que es compromiso indeclinable con los ciudadanos velar por su seguridad pública''. Convino en que los sistemas, equipos y recursos serán efectivos en la medida en la que se forje una nueva cultura de la legalidad, que reconozca el valor social del respeto a la ley, la honradez y el cumplimiento del deber.

``Hoy vuelvo a convocar a los dirigentes sociales y a los representantes de las organizaciones cívicas, a profesionistas, medios de comunicación, a cada maestro, a cada padre de familia, para que con su ejemplo contribuyan a construir un México en el que todos observemos la ley y sirvamos a las causas de la justicia. Se trata de un propósito que demanda perseverancia en las metas y unidad en el esfuerzo'', terminó el Presidente.

Chuayffet detalló el proceso que culminó con la firma de los convenios. De entrada, señaló que el fenómeno delictivo ha crecido bajo una dinámica perversa, ya que mientras las instituciones de seguridad pública acumulan rezagos e insuficiencias, los delincuentes incrementan sus actividades ilícitas.

``La inseguridad es el asunto que más preocupa a la ciudadanía'', precisó, para agregar que ocho de cada diez habitantes --según una encuesta-- conoce por propia experiencia, o por la de alguien cercano, la ocurrencia de un hecho delictivo.

Luego comentó que los delitos del orden común que con más frecuencia se registran en México son el robo, las lesiones y el homicidio. En el caso de los del fuero federal, son los tipificados contra la salud y la portación de armas prohibidas.

Al igual que el jefe del Ejecutivo, Chuayffet habló con amplitud de las acciones emprendidas por la administración para hacer frente al problema; detalló estrategias y programas, y ejemplificó: ``En la zona metropolitana, las autoridades han tomado, en las últimas semanas, 26 medidas para abatir la inseguridad''.

Enseguida, y al referirse a la insuficiencia de financiamiento, Emilio Chuayffet sostuvo que por primera vez se está revirtiendo esa tendencia, y más que medidas coyunturales, se garantizarán mecanismos de asignación presupuestal a mediano y largo plazos.

El titular de Gobernación aseguró: ``En un solo año se cuadruplicará la suma de los gastos federal y local acumulados en los últimos siete''.

Quiso ser más explícito: los recursos para equipo de apoyo criminalístico aumentarán 700 por ciento; para academias y fortalecimiento de infraestructura, los fondos se triplican; equipo para corporaciones policiacas preventivas, judiciales y de custodios, se duplican.

Sin embargo, admitió que los requerimiento seguirán siendo mayúsculos y permanentes, y finalizó diciendo: ``La razón de Estado más importante es la razón del derecho, que es, a fin de cuentas, la razón de la seguridad''.

En nombre de los gobernadores habló el de Coahuila, Rogelio Montemayor, quien manifestó que la inseguridad genera ``desaliento, temor en la sociedad, introduce el virus de la desconfianza en las instituciones y mina la certidumbre económica''. Antes de concluir, se refirió a la fórmula mediante la cual se distribuirán los fondos y que, de acuerdo con el secretario Chuayffet, considera tanto factores delictivos como demográficos.