A la grata memoria del maestro Raúl Cervantes Ahumada

La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, encabezadas por Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez respectivamente, y antes por los históricos y admirables Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, y del otro lado el veterano en las lides de la dirigencia empresarial, José María Cuevas, a cargo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, acaban de firmar, después de meses de agotadoras reuniones, un pacto que modificará la estructura misma de las relaciones laborales en España.

Desde el inicio de la década de los 80, en una línea que se inició en Francia, los sectores sociales españoles, con el gobierno conservador, pero no tanto, de la Unión de Centro Democrático y a partir de 1982 con el PSOE, introdujeron al Estatuto de los Trabajadores, nacido a su vez de un pacto interconfederal entre UGT y CEOE (1979), los mecanismos de flexibilización que fundamentalmente consistieron en generar múltiples contratos de trabajo de corta duración, renovables un poco a capricho durante tres años que se pensó ayudarían a disminuir el desempleo. Después de tres años se convertían en permanentes. Si llegaban. Todo ello acompañado de movilidad funcional, quiere decir, disposición elástica de los recursos humanos según necesidades.

Fueron contratos en prácticas para estudiantes, a tiempo parcial, de relevo, con periodo de prueba, por picos de producción y otros que se podían disolver fácilmente sin responsabilidades económicas.

En un principio el mecanismo generó empleo, ya que los empresarios se lanzaban a la aventura sin riesgos mayores en caso de fracaso. Pero en los últimos años, las cifras de paro en España no han sido generosas con esa práctica que, además, ha provocado un mundo laboral de relaciones precarias. A fin de cuentas, sin esperanzas de mantener un empleo permanente y con serias oposiciones sindicales.

La decisión de las centrales obreras UGT y CCOO y de la patronal CEOE, ha sido la de buscar otras alternativas. Ahora, sin que el gobierno metiera las narices, han alcanzado un acuerdo cuyos términos propician contratos de mayor duración, garantizada a cambio de una reducción en el costo de los despidos.

Lo importante es que en este acuerdo, a diferencia de nuestras perniciosas costumbres, las cosas empezaron desde abajo y ahora comprometen al gobierno a convertir en ley lo que nació del pacto. Ya Aznar ha dicho que promoverá la reforma consecuente del Estatuto de los Trabajadores, y el PSOE e Izquierda Unida, ahora un poco más cercanos, han anticipado que tratarán de mejorar las cosas.

No puedo calificar aún el Acuerdo que conozco sólo por referencias y que, además, tendrá que confirmar su eficacia en los hechos. Prometo buscar ese texto para comentarlo aquí o en el suplemento La Jornada Laboral. Pero lo importante no es eso. Lo trascendente es que son los sectores por sí mismos, con notable democracia interna, poder de convocatoria respecto de otras organizaciones no representadas y una notable confianza de los empresarios y los trabajadores en sus dirigentes, los que logran acuerdos que nosotros jamás hemos podido llevar a cabo. Mucho menos en la caricatura de la Nueva Cultura Laboral.

El Pacto de Solidaridad Económica fue genial sin la menor duda, y notablemente eficaz, pero como todos los que le siguieron fue un acto de gobierno, obedecido a fuercitas por los corporativos sectores empresarial y sindical, reducidos a obedientes firmones sin derecho a réplica. Salvo Coparmex, que es una organización sindical empresarial y no una Cámara.

Llevamos años hablando de la reforma de la LFT. Y, por mil razones, la tarea se ha quedado trunca a pesar de contar ya con el proyecto completo del PAN, que evidentemente se podrá mejorar y algunos otros más o menos secretos.

¿Seremos capaces, alguna vez, de hacer efectiva esa democracia participativa?