En los últimos 15 años la capacidad de crecimiento de la economía nacional disminuyó a su punto históricamente más bajo, en tanto que la expansión demográfica se mantuvo elevada. Mientras que el producto interno bruto observó una tasa anual promedio de apenas uno por ciento, el número total de habitantes se incrementó en casi 30 millones de personas. Esta evolución contrastante entre la economía y la población no tiene precedentes ni por su duración ni por sus dimensiones. En ella está la fuente, tal vez no única, pero principal, del problema de desempleo y subempleo masivo que hoy padece el país, con sus inevitables prolongaciones de pobreza, miseria y desesperanza que ninguna acrobacia estadística puede ya disimular. Debemos rendirnos ante la evidencia: la persistencia de este problema es un fracaso de nuestro actual modelo de organización socioeconómica, al tiempo que también indica incapacidad e impotencia de sus clases dirigentes para enfrentarlo, analizarlo y formular propuestas de solución.

No es políticamente sostenible seguir considerando el desempleo como una mera disfunción del mercado o como el resultado inevitable de las restricciones macroeconómicas. En términos de la política pública, tales consideraciones tienen sentido y son susceptibles de traducción práctica en el corto plazo, pero son aberrantes cuando se mantienen en un periodo que ya equivale a la mitad de la vida productiva de toda una generación. No hay una ley de hierro de la economía que impida poner en práctica políticas innovadoras para enfrentar con mayor eficiencia y menos pasividad este gran problema. Son incalculables las consecuencias que como sociedad habremos de pagar si esta tendencia no se detiene. El fracaso político y social que significa no ser capaces de absorber productivamente a segmentos crecientes de la población es el origen de la violencia y la inseguridad civiles que reinan en nuestras ciudades, violencia e inseguridad que pueden aumentar y extenderse de no ponerse en pie programas específicamente diseñados para aumentar masivamente la oferta de empleos. Necesitamos transitar aceleradamente hacia un régimen de política económica en el que la prioridad sea el crecimiento generador de puestos de trabajo. Para ello se requiere abandonar el conformismo intelectual que hoy preside el proceso de formulación de la política económica, y hacer participar a los actores económicos y sociales en el diseño de nuevas opciones ocupacionales. No es exacto que una política activa de empleo sea incompatible con la estabilidad económica y es falaz pensar que esta última se consigue marginando a un volumen creciente de la población.

Ahora que las fuerzas políticas organizadas están iniciando sus campañas electorales y, según parece, contendiendo por primera vez en muchos años en un régimen de competencia por el voto ciudadano, resulta oportuno preguntar: ¿cuáles son, si las tienen, sus propuestas específicas en este terreno? Es éste un momento oportuno para promover una gran discusión nacional acerca del empleo. Que los partidos políticos y sus candidatos presenten y expliquen a los ciudadanos --o exploren junto con ellos-- los programas concretos que podrían permitirnos sentar las bases para una solución a largo plazo de la crisis de crecimiento y ocupación.

Los ejes probables de esa discusión son, entre otros aspectos, los mecanismos, los contenidos específicos y la cuantificación de una política activa de empleo. ¿Cuáles son los estímulos posibles y recomendables para fomentar el mantenimiento y la creación de empleos? ¿Deberían dirigirse esos estímulos a todos los sectores productivos o tendrían un carácter discriminatorio? ¿Cuál sería su duración y cuáles los procedimientos para administrarlos y evaluar su efectividad? ¿En qué medida y bajo qué condiciones es posible poner en marcha programas de promoción activa del empleo sin presionar más allá de ciertos límites el equilibrio de las finanzas públicas? Por otra parte, ¿cómo y por qué medios ayudar a ciertas categorías de desempleados para que incuben sus propias empresas?

Tratar de responder a este conjunto de cuestiones está lejos de ser un ejercicio teórico o académico. Por la naturaleza del problema al que se refieren, buscar respuestas significa definir opciones para cerrar la brecha social entre los que están empleados y tienen un ingreso regular y los ``otros'': la masa de los sin trabajo. ¿Qué proponen al respecto quienes quieren ser legisladores.