Tiene razón Carlos Monsiváis cuando afirma que ``si el nivel de la lucha propagandística se degrada, a todos nos corresponde intervenir, exigiendo congruencia y cese a las difamaciones'' (La Jornada, 10 de abril, p. 2). Esto lo sostuvo el escritor a propósito de la publicación en La República, órgano priísta, de dos fotomontajes que vinculan al PAN y a su líder Felipe Calderón con los nazis y Adolfo Hitler, respectivamente, y en respuesta a una carta de Arturo E. Abreu Ayala, subdirector del periódico priísta, quien se inconformó porque, en carta anterior, Monsiváis censuró tal comparación.

El subdirector de La República le reprochó a Monsiváis, entre otras cosas, haber reaccionado contra esa equiparación, que desde su óptica sólo debía molestar a los panistas. Este razonamiento es una muestra del grado de distorsión al que pueden llegar algunos priístas, pues le reprocha al escritor algo que es, precisamente, lo más valioso de la crítica de Monsiváis: que sin militar en el PAN y, en cambio, ser crítico de este partido, se indigna ante una expresión de la guerra sucia en que amenaza convertirse la actual campaña electoral.

A esa malsana tendencia política pertenecen también la ofensiva lanzada contra el perredismo en Tabasco y, en particular, contra el líder nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Ejemplos recientes de esta ofensiva son la circulación de carteles antiperredistas falsamente atribuidos a Alianza Cívica y la embestida contra el ex gobernador Enrique González Pedrero, a partir de su postulación como candidato del PRD.

Parte de la guerra sucia son, asimismo, varios de los hechos violentos ocurridos en municipios gobernados por la oposición y atribuidos por dirigentes perredistas y panistas a maniobras desestabilizadoras del priísmo para desacreditar a los alcaldes no priístas.

Ahora bien, esta ``guerra sucia'' no es protagonizada sólo por priístas. Vale recordar los carteles atribuidos al PAN de Nuevo León en los que aparecía el líder del PRI, Humberto Roque Villanueva, haciendo un gesto presuntamente obsceno en la sesión legislativa en la cual se aprobó el aumento al IVA y con un texto que decía: ``Si quieres que te hagan así, vota por el PRI''.

Otra muestra de la propaganda antipriísta fue la aparición, el 1 de febrero de 1997 en El Universal (p. 3 de la sección Estados), de un desplegado apócrifo en el que se transcribía una supuesta minuta de acuerdos priístas como éstos: a) generar un clima de inestabilidad en los municipios mexiquenses gobernados por la oposición (sobre todo Naucalpan, Texcoco y Nezahualcóyotl); b) disminuir el suministro de agua a esos municipios, mediante acuerdo con la Comisión Estatal de Aguas, para generar desórdenes.

Estamos, pues, ante una degradación que enrarece el ambiente preelectoral y de la que aquí sólo se han ofrecido algunas muestras. Esto ocurre en un marco cuyo mayor relieve deberían ser los esfuerzos que un vasto conjunto ciudadano está realizando para lograr el viejo anhelo de la transparencia comicial. Así, en tanto siguen pendientes las propuestas que den concreción a las ofertas políticas de los candidatos --etéreas en una porción importante--, ya se habla de próximos ataques sucios al candidato del PAN a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, mientras el líder de ese partido acusa a los candidatos del PRI y el PRD ¡por su herencia!

Es muy evidente que urge frenar la guerra sucia y buscar el voto por caminos limpios. Acaso no sea tarde para suscribir y cumplir un pacto antifango. No sea que, hartos de lodo, los electores den la espalda a los partidos y candidatos que no se percaten de tal hartazgo y los dejen solos, emporcándose mutuamente.

Dos organismos del Distrito Federal, con fines diversos y prácticas a veces antagónicas, han realizado una encomiable labor editorial. Se trata de la Procuraduría General de Justicia (cuando la encabezó José Antonio González Fernández, ahora flamante director del ISSSTE) y la Comisión de Derechos Humanos (que todavía encabeza- rá por algunos meses más Luis de la Barreda Solórzano).

Entre los títulos de la primera destacan Historia del crimen de Tacubaya, hermosa edición facsimilar del libro publicado en 1882 por Hilario S. Gabilondo, y la serie La nota roja, en la cual participaron autores como Rafael Ramírez Heredia, Victoria Brocca, Agustín Sánchez González y Víctor Ronquillo. Entre los títulos de la segunda sobresalen Los derechos humanos y la ciudad, de Miguel Concha Malo, Los derechos humanos en la prisión, de varios autores, La bella encarcelada y otros relatos, de Clara Guadalupe García, y el bello volumen Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, con ilustraciones de Irma Sada.