La justicia reformada, más corrupta: jueces

Jesús Aranda /I Ť El Poder Judicial Federal atraviesa por una ``corrupción generalizada'', la cual es ``más grave'' ahora que antes de la reforma constitucional de 1994, reconocen ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A su vez, magistrados de circuito aceptan que la infiltración del narcotráfico entre la judicatura penal alcanza 30 por ciento.

Lo anterior, aunado a la mala integración de las averiguaciones previas en materia de delitos contra la salud por parte de los agentes del Ministerio Público Federal, da como resultado que alrededor de 80 por ciento de los procesos penales contra presuntos narcotraficantes estén viciados de origen y faciliten la liberación, concesión de amparos, libertades adelantadas y otras sentencias en su favor.

Ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito y jueces federales reconocen en entrevistas con La Jornada que ante la grave crisis que enfrenta el Poder Judicial, cada vez se reducen las posibilidades de sanear la impartición de justicia, porque el Consejo de la Judicatura Federal -órgano encargado de la administración, vigilancia y carrera judicial federal- no cuenta con una política clara y definida para atacar este fenómeno.

De acuerdo con los testimonios recabados de funcionarios judiciales, quienes solicitaron el anonimato, en el país se ha fortalecido la tendencia por la que cada vez gana mayores espacios la ``venta de la justicia''.

La corrupción de secretarios de juzgados y tribunales, jueces y magistrados se da principalmente mediante abogados litigantes que se acercan a los funcionarios judiciales ofreciendo ``ayuda para lo que se desee'', que reparten tarjetas de presentación con la promesa de que los ``favores'' serán bien recompensados, entre otras cosas, con viajes al extranjero -Estados Unidos, principalmente a Las Vegas, y Europa-, y a veces también a través de la amenaza a la integridad de los juzgadores y sus familias.

En todas las plazas de la república, comenta un magistrado de circuito, se sabe quiénes son los abogados defensores de narcotraficantes; se distinguen por sus generosas propinas a los trabajadores de juzgados y tribunales, por las invitaciones a tomar la copa o a divertirse y por la ostentación que hacen de sus recursos económicos.

A veces, los juzgadores son ``enganchados'' desde el inicio de sus carreras profesionales como secretarios de juzgado o tribunales. En otras ocasiones, cuando de plano un asunto es lo suficientemente importante, los litigantes se presentan ante jueces y magistrados para hacerles ver que están interesados en el caso y que no escatimarán recursos para ``agradecer'' la ayuda prestada.

Cuando se hace ese tipo de ofrecimientos, explica un juzgador, es de manera sutil y está en la conciencia del funcionario aceptar o ignorar el ofrecimiento.

En ocasiones, ``la primera vez'' se presenta en asuntos que no implican gran dificultad al juzgador para fallar en favor del interesado, con lo que aquél ``entra en el juego con la conciencia tranquila'' de que su veredicto pudo ser favorable sin la necesidad de comprometerse, y por ello acepta el ``agradecimiento''.

Pero, advierte el entrevistado, al entablar la relación los jueces y magistrados quedan cautivos y no podrán liberarse.

En este momento es cuando se inicia el problema de quienes se ``engancharon'', porque no pueden disfrutar ni del dinero ni de poder ni de privilegios, porque serían fácilmente descubiertos y, por si fuera poco, cargan con una preocupación constante, tanto por el riesgo de perder su trabajo y acabar con su reputación como por la constante intranquilidad de haber comprometido la seguridad de su familia.

Ningún funcionario judicial, explica un magistrado, sería tan tonto de dictaminar sentencias favorables a narcotraficantes sin un respaldo jurídico, porque estaría expuesto a ser fácilmente descubierto. Lo que hacen, asegura, es que cuando tienen conocimiento de un caso, reciben a los abogados del indiciado y le plantean las diferentes opciones que ofrece la integración de la averiguación previa, para que el resultado final les favorezca.

Otras veces, continúa, se facilita esa acción por la mala integración que hizo el agente del MPF.

Recursos legales hay muchos, la legislación vigente -inicialmente pensada para proteger las garantías individuales- incluye una serie de recursos, como el amparo, que permiten favorecer a quien ``compre la justicia'', sin necesidad de dictar una sentencia absolutoria, comenta.

``En el medio judicial nos conocemos, sabemos quiénes tienen vínculos extraños'', subraya.

El manejo del problema en la ``anterior'' Corte

Antes de la reforma al Poder Judicial Federal de 1994, los ministros de la Suprema Corte eran quienes designaban en petit comité el nombramiento de jueces y magistrados; ellos revisaban los expedientes, proponían candidatos y vigilaban la procuración de justicia en el país.

Ellos sabían, afirma una fuente, que el narcotráfico tenía infiltrado a 30 por ciento de los juzgadores federales en materia penal. ``Era un sistema de pesos y contrapesos, donde sabían cuáles jueces y magistrados tenían vínculos ilícitos'', incluso la integración de la Corte incluía a cuando menos uno o dos ex funcionarios de la Procuraduría General de la República o del Ejército, quienes ``conocían los problemas del narcotráfico para orientar a sus compañeros en asuntos delicados''.

En la Corte que se disolvió en 1994 con las reformas constitucionales, había dos ministros que se distinguían por su trayectoria en la PGR y en el Ejército y que serían los ``enlaces'' entre estas dependencias y el Poder Judicial Federal.

Samuel Alba Leyva ocupó entre otras responsabilidades la de director general de Procedimientos Penales de la PGR antes de ser nombrado ministro, en 1985. Mientras que Carlos García Vázquez, general brigadier del Servicio de Justicia Militar, fue secretario de la Sección de Investigaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar, representante del Ministerio Público Militar, juez militar y, posteriormente, representante personal del procurador general de Justicia Militar, hasta su nombramiento en 1986.

-Si se sabía que había funcionarios deshonestos, entonces ¿por qué no se actuaba? -se le preguntó al magistrado entre-vistado.

-Porque se partía del entendido de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. El tener detectada a gente infiltrada por el narcotráfico permitía a los ministros intentar neutralizar a esos funcionarios, evitando que fallaran asuntos importantes o dándole seguimiento especial a casos de trascendencia.

Haberlos despedido, añadió, no solucionaba el problema, porque la corrupción es tan grande que seguramente serían remplazados y, lo peor, que quizá se tardaría más tiempo en ubicar a los funcionarios corruptos.

Al interior del Poder Judicial Federal hay versiones que señalan que incluso antes de 1994 hubo hasta ministros de la Corte que eran sospechosos de tener vínculos con traficantes de drogas.

Lo cierto, comenta el informante, es que, por lo menos al interior de la justicia federal, se reconocía la existencia del problema y que, aunque el método para intentar neutralizarlo pudo no ser el mejor, por lo menos se tenía una estrategia, ``lo cual no se tiene en la actualidad''.