Iván Restrepo
Las lagunas en el proyecto de nueva ley forestal

Difícilmente alguien no estaría de acuerdo públicamente en propiciar el desarrollo sostenible de los ecosistemas forestales del país, con el fin de preservarlos y garantizar su rica biodiversidad. En igual sentido, no habría quien no estime indispensable tomar medidas que protejan cuencas y cauces de los ríos, sistemas de drenaje natural y áreas costeras, para que no sean más el destino final de variados desechos, en ciertos casos tóxicos y peligrosos. O sobre la urgencia de prevenir y controlar la erosión de los suelos pues ocasiona daños incalculables que afectan a quienes viven en el campo y al resto de la sociedad; de la necesidad de restaurar los suelos erosionados como fruto de políticas agropecuarias equivocadas, la pobreza y los talamontes.

En el caso concreto de los recursos forestales, en documentos oficiales y de los expertos en la materia se repite la decisión de hacer realidad su desarrollo sostenible. Entre otras cosas, por ser una forma de lograr el mejoramiento social y económico de ejidatarios, comuneros y demás poseedores de dichos recursos y que desde hace tiempo se desenvuelven en medio de carencias extremas. Alcanzar ese objetivo exige una infraestructura técnica y científica adecuada y fomentar tareas de conservación, protección y restauración de bosques, selvas o vegetación forestal de zonas áridas. No menos importantes son los programas educativos, de capacitación, investigación, comunicación y difusión en los aspectos relacionados con el sector forestal. En fin, es de tal importancia preservar, proteger y restaurar los ecosistemas forestales, que se le considera de utilidad pública.

No es para menos todo lo anterior, debido al enorme daño que el país arrastra por la destrucción sistemática de sus bosques, selvas y vegetación de las zonas áridas. No sólo se manifiesta en la pérdida de la cubierta vegetal, de los pulmones verdes de la tierra, sino en otros campos: desde el abastecimiento de agua, erosión de los suelos, baja de la producción y productividad agropecuaria, azolve de cuencas hidrográficas, lagos y presas, hasta el cambio climático y mayor pobreza rural. Luego de sexenios en que hasta un Programa Nacional de Desmontes ocupó la atención gubernamental y dio pie para arrasar con extensas superficies, enriquecer a contratistas privados y a funcionarios y sumir en la pobreza a miles de familias, especialmente en los últimos 20 años la preocupación oficial por el problema y, de manera notable, la exigencia de la población, variaron el panorama. Por doquier se habla de no permitir más la destrucción de recursos.

Por eso mismo organizaciones no gubernamentales relacionadas con el ambiente acaban de solicitar a la secretaria Julia Carabias, de quien dependen los asuntos forestales, intervenga para posponer el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regularía lo referente a dicha materia. Para respaldar su petición mencionan una serie de omisiones y lagunas en el texto de la iniciativa que impiden establecer una política nacional forestal a largo plazo, que sobrepase los tiempos sexenales; que no garantiza la continuidad de medidas que den por fruto, entre otras, la protección de la propiedad de las tierras forestales a los núcleos de población ejidal y comunal, y la elevación del nivel de vida de quienes allí viven y ahora son los que menos se benefician de la riqueza que los rodea.

Llaman la atención sobre la necesidad de delimitar con precisión los terrenos que podrán ser asignados a plantaciones forestales comerciales, tomando en cuenta los criterios y el marco regulatorio en materia ambiental. Y prohibir los monocultivos en las forestaciones y reforestaciones. Lo anterior tiene suma importancia por el poder que los grandes intereses externos y nacionales ejercen para establecer megaproyectos que pueden traer serios desajustes ambientales, sociales y económicos.

Los ecologistas coinciden con organizaciones campesinas e indígenas y con estudiosos en la materia en la necesidad de consultar y consensar con los que menos voz tienen el proyecto de nueva ley forestal para fincar el futuro sobre bases realistas y en bien de la sociedad. En ese empeño, las prisas preocupan cuando se sabe que los pobres no son prioritarios en la agenda económica neoliberal vigente; en cambio, alientan la sospecha de que otros actores (nunca indígenas, ejidatarios y pequeños propietarios) serán los beneficiados con la nueva ley.