En Tila, virtual estado de sitio, denuncian organizaciones Visita la Cocopa el penal de Cerro Hueco

Juan Balboa, corresponsal, Tila, Chis., 14 de abril Ť Organizaciones políticas, de derechos humanos y la Iglesia católica dieron a conocer aquí que en una docena de comunides de este municipio, habitadas por indígenas que aceptaron retornar, se ha impedido el libre tránsito y se violan constantemente las garantías individuales. Además, señalaron, escuelas e iglesias se mantienen ocupadas de manera ilegal por la policía estatal y efectivos del Ejército Mexicano.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Centro de Derechos Indígenas de la Zona Norte y la parroquia de Tila aseguraron que después de cuatro meses y medio de negociaciones para lograr la paz en la región, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro ``no ha cumplido'' los acuerdos asumidos con los retornados y desplazados, la mayoría militantes perredistas y simpatizantes zapatistas, y aseguraron que la espiral de violencia se mantiene.

A unas horas de que legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) visiten la zona Norte, en donde han muerto en los últimos dos años unas 100 personas y más de mil 600 se encuentran despalazadas, el Partido de la Revolución Democrática calificó de ``grave'' la situación imperante en esa región con una fuerte presencia militar y policiaca.

Los comisionados del grupo parlamentario del PRD dieron a conocer en Tila cada uno de los compromisos, acordados en nueve reuniones que han sostenido representantes del gobierno del estado y delegados de los desplazados y retornados, que el gobierno estatal no ha cumplido.

Entre éstos destacan: la falta de libre tránsito y el respeto a las garantías individuales; la impunidad con que opera el grupo priísta paramilitar Paz y Justicia, con el apoyo del Ejército Mexicano y la policía. Además, el gobierno no ha agilizado el proceso judicial de los presos en Cerro Hueco, no autoriza el levantamiento in situ de las actas de los homicidios contra militantes y simpatizantes del PRD y la sociedad civil y, finalmente, no respetan a los retornados en sus comunidades.

Ultimo recuento de la violencia

El desalojo violento del ejido Quintana Roo, en el municipio de Sabanilla, es una de las últimas acciones realizadas en conjunto por la Policía de Seguridad Pública y el grupo paramilitar Paz y Justicia. Trescientas cincuenta personas más se sumaron ahora a las mil 300 que se encuentran refugiadas fuera de sus tierras en los municipios del norte de Chiapas. Dos personas más fueron detenidas y enviadas al penal estatal de Cerro Hueco, en donde se encuentran recluidos 25 indígenas choles simpatizantes del EZLN.

Las acciones de la policía estatal y del grupo paramiliar no han visto tregua, principalmente en los municipios de Tila, Sabanilla y Tumbalá. Por ejemplo, el 21 de enero pasado fueron desalojados y perseguidos los simpatizantes zapatistas y militantes perredistas del ejido El Paraíso.

De acuerdo con testimonios de los propios indígenas, recogidos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en el desalojo participaron dos helicópteros de Seguridad Pública --los mismos que estuvieron presentes en los desalojos y enfrentamientos de Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza, y San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque--, efectivos del Ejército y agentes de Seguridad Pública y de la Judicial del estado.

El 24 de enero fueron torturados por la Policía de Seguridad Pública, según organismos de derechos humanos que monitorean los casos de violencia en la zona, Andrés Alvarez Gómez y Amado Hernández Mayorga; les metieron la cabeza en un tambo con agua, fueron golpeados severamente, les prendieron cerillos en los ojos, los amarraron bajo un árbol, los vistieron de zapatistas con armas y les tomaron fotos. Posteriormente fueron acusados de provocadores de enfrentamientos en la zona norte, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

El 15 de febrero fue emboscada una brigada de organismos no gubernamentales que se dirigía justamente al ejido El Paraíso. Tres días después fue baleado Emiliano Vázquez López, de la comunidad de Buena Vista, municipio de Sabanilla, por miembros del grupo priísta Paz y Justicia.

El 18 de marzo fue asesinado, también en la comunidad de Buena Vista, Manuel Vázquez, delegado del PRD. Los agresores fueron identificados como miembros del grupo paramilitar. Abandonaron la comunidad de Buena Vista cerca de 300 personas.

En cada una de las comunidades agredidas por Paz y Justicia se instaló un campamento del grupo especial de la Policía de Seguridad Pública del estado. El Ejército penetró e instaló cuarteles o campamentos en las cabeceras municipales de Tila, Yajalón, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, además de comunidades pertencientes a Tila como El Limar, Emiliano Zapata, Melchor Ocampo y Agua Fría.

La región norte de Chiapas, ubicada entre los límites de las montañas del norte chiapaneco y de la llanura costera del Golfo de México, se ha convertido en uno de los principales laboratorios de la guerra de baja intensidad.