Desesperado intento por evitar la ejecución de Martínez Villarreal

Emilse Valencia y David Carrizales, corresponsales Ť Autoridades judiciales de Arizona, Estados Unidos, confirmaron que este miércoles (mañana) será ejecutado en la cámara de gases de la prisión de Florence el mexicano Ramón Martínez Villarreal, condenado por asesinar en 1983 a dos campesinos en el condado de Santa Cruz.

Por otra parte, un juez de Texas concedió un nuevo juicio para el próximo 19 de mayo al regiomontano Ricardo Aldape Guerra, condenado a muerte hace casi 15 años, por el homicidio de un policía.

El gobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes, señaló que según el abogado Scott Atlas, ``hay muchas posibilidades'' de ganar el nuevo proceso judicial.

En el primer caso, el cónsul de México en Nogales, Arizona, Roberto Rodríguez Hernández, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestiona, en un ``intento desesperado'', la condonación de la pena de muerte de Martínez Villarreal por la de cadena perpetua.

Dijo que el consulado de Phoenix presentó ante los tribunales de Arizona y la oficina del gobernador, Fife Symington, una defensa para que el mexicano sea declarado enfermo mental y, por tanto, liberado de la ejecución, inicialmente programada para el sábado pasado y pospuesta para cuatro días después.

Pese a que faltan menos de 48 horas para concluir con la condena de Martínez Villarreal, el diplomático manifestó que no pierde las esperanzas de que su homólogo en Phoenix salve al mexicano de la cámara de gases, comprobando que es un enfermo mental y que aún cuando haya cometido el doble homicidio es exagerado al privarle de la vida.

Según un estudio de la SRE, 31 mexicanos culpables de asesinato esperan su ejecución en nueve entidades de Estados Unidos. Doce de ellos se encuentran en prisión en California, nueve en Texas, dos en Nevada, dos en Illinois, dos en Arizona y uno en cada uno de los estados de Carolina del Norte, Arkansas, Ohio y Virginia.

Mientras tanto, en Houston, Texas, el juez Frank Maloney descartó ayer declaraciones de testigos claves de cargo en el caso del inmigrante mexicano Ricardo Aldape Guerra que estuvo casi 14 años esperando ser ejecutado.

Sin embargo, estableció el 19 de mayo como la fecha de inicio para un nuevo juicio en su contra, luego de asegurar que los fiscales aún tienen un ``caso procesable'' contra el neoleonés.

Aldape Guerra fue hallado culpable de matar a balazos en julio de 1982 al agente J.D. Harris, durante una parada del tránsito, y fue sentenciado a morir por una inyección letal.

En 1994, el juez federal Kenneth Hoyt ordenó un nuevo juicio, luego de unas audiencias en las que encontró que la policía había intimidado a varios testigos para que acusaran a Aldape del asesinato y que los fiscales manipularon la evidencia en su intento de encontrar culpable al supuesto asesino.

El pasado lunes (ayer), Maloney estuvo de acuerdo con que seis personas que testificaron contra Aldape en el juicio de 1982 no podían estar presentes en un nuevo proceso, debido a que estaban tan influidos por la conducta inapropiada de la policía y los fiscales que no eran creíbles.

El juez, sin embargo, se negó a anular el caso. ``El Estado aún tiene un caso juzgable, incluso con la supresión de evidencia. Simplemente he tratado de quitar las manchas, dijo Maloney, cuyo fallo puede ser apelado tanto por la defensa como por la fiscalía, lo que podría demorar un nuevo juicio y mantener a Aldape en prisión. O los fiscales, despojados de testigos claves, podrían retirar su caso, lo que permitiría a Aldape dejar la cárcel y regresar a México.