Contra el narco, auditar a quienes aspiran a jueces: ministro de la Corte

Jesús Aranda/II y última Ť Ante el riesgo de que el narcotráfico se extienda más al interior del Poder Judicial Federal (PJF), un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pide reformar la ley, para que la Contraloría Interna de aquél esté facultada para investigar minuciosamente las cuentas bancarias, posesiones y relaciones profesionales de los aspirantes a ser jueces y magistrados, así como de los juzgadores, previo a la ratificación de su cargo.

En este sentido, pese a que propios y extraños reconocen el avance que significan los exámenes de oposición para ser juez o magistrado, un ministro de la Corte y un magistrado critican que el Consejo de la Judicatura Federal no haya prestado atención especial para investigar posibles nexos con el narco de los juzgadores recién nombrados.

Convencido de que en el PJF hay una corrupción ``generalizada'', un ministro de la Corte cuestiona la falta de oficio del Consejo de la Judicatura Federal para elegir a los jueces y magistrados que renovaron en los últimos meses casi una tercera parte de juzgados y tribunales -tomando en cuenta adscripciones y readscripciones-, y exige:

``Que se investigue a los candidatos que realicen los exámenes para jueces y magistrados, además de que se haga una revisión a fondo de los funcionarios judiciales antes de ser ratificados en sus cargos; que se indague a fondo sus bienes, cuentas bancarias, hasta los viajes de placer que hicieron durante su gestión para conocer quién se los financió.''

Según las reformas constitucionales de 1994, el Consejo de la Judicatura Federal -presidido por el presidente de la Suprema Corte, José Vicente Aguinaco Alemán- es el encargado de la carrera judicial y, así, de los nombramientos de jueces y magistrados.

De tal manera, de mayo de 1996 a la fecha el Consejo de la Judicatura realizó por primera vez en la historia exámenes de oposición para magistrados y jueces, que concluyeron con la designación de 52 magistrados.

Para los funcionarios entrevistados, es muy grave que estos nombramientos se hayan dado sin antes realizar una minuciosa investigación para evitar que gente infiltrada por el narco llegara a ocupar esos sitios.

``¿Por qué no se hizo lo mismo que cuando en 1994 se eligió a los actuales ministros de la Corte, a quienes se les investigó hasta el grado de verificar sus cuentas bancarias para que no quedara duda alguna de su probidad moral?'', cuestionaron.

Precisamente, dijo un alto funcionario judicial que siguió de cerca el proceso de 1994, el que se haya realizado esa investigación permite tener la certeza de que ninguno de los 11 ministros de la Suprema Corte tiene vínculos ilegales.

Un ministro de la Corte, cuestionado al respecto, afirma que debe reformarse la ley para que la contraloría del PJF esté facultada para investigar minuciosamente las cuentas bancarias, relaciones personales y bienes de los juzgadores a fin de descubrir cualquier irregularidad en sus ingresos.

Por su parte, un magistrado ``va más allá'' y propone que cuando un secretario de juzgado o tribunal participe en un concurso de oposición para juez, o que los jueces que aspiren a ser magistrados, firme un documento en el que acepten una investigación a fondo de su persona y que los datos que arroje se integren a los resultados de sus otros exámenes.

El problema con el concurso de selección, coincidieron un ministro y un magistrado de Circuito, es que sólo se tomaron en cuenta las calificaciones, los conocimientos jurídicos y la aplicación del derecho, pero, enfatizan, el Consejo de la Judicatura no incluyó el problema de la solvencia ética de los juzgadores y, sobre todo, no fueron investigados sus posibles vínculos con el narco.

La situación es muy delicada y exige una respuesta inmediata del Consejo, subrayan.

Por otra parte, el director del Instituto de la Judicatura Federal, magistrado César Esquinca Muñoz, destaca en entrevista la importancia que tiene la implantación de los exámenes de oposición.

Afirma que, por primera vez, los juzgadores elegidos saben que llegan por ``méritos propios'' y que ya no le deben su puesto a nadie -antes era el pleno de la Corte el que designaba a los jueces y magistrados-. Esquinca insiste en el manejo pulcro de los exámenes de oposición realizados y descarta toda posibilidad de favoritismo para alguno de los examinados.

-¿Cómo hacer para que este esfuerzo de los exámenes de oposición no se corrompa?

-Debemos tener mucho cuidado en la designación de las personas, de cuidar el dar

seguridad y evitar cualquier posible corrupción... La idea es que se sigan perfeccionando los exámenes de manera positiva.

Aun cuando evita hablar sobre la corrupción en el PJF, deja en claro que este tema es complejo, pero que es importante considerar que ``los problemas se empiezan a resolver reconociéndolos, no escondiéndolos''.

El funcionario destaca el papel que pueden jugar los visitadores del PJF, encargados de dar seguimiento al manejo administrativo de juzgados y tribunales, toda vez que éstos no están facultados para analizar el sentido de las sentencias. Con el trabajo de aquéllos, indica, habrá mayores elementos para nombrar, promover o ratificar a los juzgadores, porque así, ante cualquier irregularidad, el Consejo puede ordenar visitas extraordinarias.

Esquinca rechaza que la corrupción se dé sólo en el PJF y aclara que también la mala integración de las averiguaciones previas que presentan los ministerios públicos federales dan lugar a que conocidos narcos reciban amparos y hasta su libertad, pero no por culpa del juez que dictaminó a su favor, sino porque éste juzga por el expediente y no por la fama pública del inculpado.

Los entrevistados coinciden en que, por las condiciones del país, resulta muy difícil intentar acabar con la corrupción, pero lo que sí se debe impulsar es la existencia de mecanismos legales para cerrar el paso a los funcionarios que incurran en prácticas ilícitas, además de dar seguimiento puntual a la actitud de aquellos sobre los que se tiene sospecha.