Durante años, miles de mexicanos lucharon por la alternancia política; nunca imaginamos que en el caso del PAN, tal alternancia sería sólo de colores y no de formas y conceptos al gobernar,

En Chihuahua, el Congreso local y el gobernador Francisco Barrio, a iniciativa de éste, coincidieron en convocar a foros públicos, a fin de discutir la deuda del gobierno del estado. Sin embargo, a los días, el Ejecutivo propuso que los debates abarcaran al conjunto de las finanzas estatales. Cuando lo anunció, el secretario de gobierno expresó enfáticamente que, por ningún motivo, se informaría el monto de los salarios ni se discutirían los salarios de los funcionarios de primer nivel de la administración estatal. Tal declaración tiene sentido si se recuerda el hecho de que la prensa local, a fines de marzo de 1994, denunció la existencia de la llamada ``nómina confidencial''. Según esos reportajes, el salario real de Francisco Barrio rebasaba los 80 mil pesos, muy por encima de los 8 mil reconocidos en nómina. Ante la negativa del gobernador, la prensa demostró con documentos oficiales del Congreso del estado, a la sazón conformado por una mayoría panista, que sus afirmaciones eran ciertas. Barrio prometió, entonces, la disminución paulatina de la ``nómina confidencial'' y para justificarla expresó que era ``para evadir la enorme carga que para el gobierno representaría pagar impuestos por este concepto''.

No aconteció así. Para 1994 tal partida sufrió un incremento del 42 por ciento. De esa manera, el director general de Administración y Finanzas ejerció, confidencialmente, un monto cercano a los 8 millones de pesos, de una cuenta extra para ``remuneraciones adicionales y especiales''.

Tres meses después, el PAN perdió las elecciones federales en una proporción de tres a uno y, al año siguiente, en las locales, el PRI triunfó en la mayoría de los ayuntamientos y los distritos convirtiéndose en la fuerza predominante del congreso local. Meses antes de los comicios estatales, el gobernador chihuahuense reconoció que los ingresos de los principales funcionarios eran mayores a los conocidos por la opinión pública, en un desesperado intento por recomponer la imagen pública de la administración blanquiazul.

Por ello sorprenden las declaraciones del secretario de gobierno chihuahuense al prohibir la discusión de un asunto tan ligado a las preocupaciones ciudadanas: los ingresos de los funcionarios públicos. Si no se justifican las partidas secretas en la administración federal, mucho menos en el ámbito local. Más grave aún es que los responsables de ejercerlas no rindan cuentas y además evadan al fisco. Tal parece que el manejo patrimonialista del erario no es cualidad exclusiva de los gobernantes emanados del PRI. Con todo, no es el único caso en el que se presumen favoritismos y desaseos gubernamentales de los panistas norteños. Se aspiraba a la existencia de una sana competencia política con partidos diferentes alternándose en el poder y a la existencia de métodos democráticos para gobernar, no las mismas prácticas viciadas del partido oficial.