La suspensión del encuentro que debió realizarse ayer entre la Comisión Episcopal de Paz y Reconciliación en Chiapas y dirigentes del EZLN por considerar estos últimos que, ante las movilizaciones efectuadas por el Ejército Mexicano, no existen las garantías mínimas de seguridad para llevarlo a cabo, representa otra oportunidad perdida para reiniciar el diálogo en ese estado y la prolongación de la difícil circunstancia por la que atraviesa el proceso de paz.

En un momento en que las tensiones políticas y sociales y el desgobierno que vive Chiapas se agudizan peligrosamente --de ello son muestras las detenciones ilegales de sacerdotes y luchadores sociales, las matanzas de campesinos en las que se encuentran presuntamente involucrados altos funcionarios del gobierno local y los choques violentos, cada vez más frecuentes, entre grupos religiosos y entre militantes partidistas--, resulta muy preocupante que esfuerzos encaminados a aproximar a las partes en conflicto y a encontrar salidas negociadas sigan siendo frenados y se mantenga, como señalan organismos no gubernamentales, un clima de hostigamiento hacia las comunidades zapatistas por parte de instancias policiacas y militares.

Por otra parte, tampoco resultan alentadoras para la revitalización del proceso de paz las afirmaciones emitidas antier por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mireille Roccatti, en el sentido de que el problema indígena en Chiapas es de carácter estrictamente político, pues tal declaración soslaya las graves condiciones de miseria, insalubridad, persecución e impunidad, cacicazgos, pugnas entre iglesias, rezago agrario y depredación del ecosistema que se viven en la entidad y que son las causas profundas del conflicto chiapaneco.

Cuando el proceso pacificador y las justas demandas indígenas se ven aplazados y obstaculizados, cabe preguntarse por qué las autoridades, tanto locales como federales, no han asumido, con la decisión que el caso amerita, un compromiso serio para abrir espacios de negociación y reencuentro entre las diferentes partes involucradas. Del mismo modo, resulta pertinente preguntarse por qué se siguen reduciendo las causas y las motivaciones de las demandas indígenas a una mera cuestión de índole política, una simplificación que perjudica seriamente las perspectivas de solución, y hasta de comprensión, de la problemática campesina e indígena.

Con todo, hay en el convulsionado panorama chiapaneco un dato esperanzador: la declaración del comandante de la séptima Región Militar, general Mario Renán Castillo, quien afirmó que las tropas del Ejército saldrían del norte de Chiapas en caso de que así lo dictaminara el Congreso de la Unión, a propuesta de la Cocopa. Una determinación en este sentido por parte de la instancia negociadora mencionada y del conjunto del Legislativo, así como su acatamiento por parte de la institución castrense, contribuiría de manera muy significativa a la tan necesaria distensión en la zona y al establecimiento de un marco de seguridad suficiente para el reinicio del diálogo de paz.

Sólo en la medida en que todas las partes involucradas asuman una posición comprometida e incluyente para destrabar el diálogo de San Andrés y hacer efectiva la propuesta de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas será posible alcanzar un acuerdo sólido que permita reconstruir el lastimado tejido social chiapaneco e impulsar el desarrollo económico, cultural y democrático de la entidad.