Emilio Pradilla Cobos
Proyecto de ciudad aristocrática

La propuesta del Partido Acción Nacional para el Distrito Federal tiene una lógica interna: busca privatizar la ciudad y sus componentes públicos, sometiéndola plenamente a la racionalidad mercantil y empresarial; reformarla para hacerla adecuada y eficiente para una élite de capas medias y de altos ingresos; imponerle un orden cultural, moral y de vida cotidiana rígido, enraizado en las más conservadoras ideas del pasado. En cambio, lo público, social, solidario, popular, que sirve a la sobrevivencia y mejoramiento de la calidad de vida de sectores mayoritarios y empobrecidos de la población capitalina, se somete a desconfianza, vigilancia, censura, aplicación rígida de la legislación, amenaza de la represión y al autoritarismo excluyente del gran capital.

La sección Desarrollo metropolitano y calidad de vida de la plataforma política del PAN (última que analizaremos) da principio con un reconocimiento a ``la bondad'' de la política aplicada conjuntamente con el PRI-gobierno en la capital, que se considera el ``camino correcto'', mostrando la poca diferencia entre los dos partidos de la derecha. En todos lados tiene planteamientos, promesas y amenazas de esta naturaleza. La empresa privada que ha mostrado durante décadas, sobre todo en los 15 años de neoliberalismo, su impotencia estructural para garantizar el acceso de las mayorías a bienes y servicios esenciales para su sobrevivencia, aparece para Acción Nacional como la única que puede y debe manejar la estructura urbana: revitalizar el Centro Histórico, construir y administrar vialidades y obras conexas, producir vivienda en propiedad (la rentada es condenada), recoger y reciclar desechos, operar el transporte público, etcétera. Las empresas públicas o autogestionarias son desechadas. El gobierno debe garantizar por medio de las tarifas la rentabilidad del capital, otorgarle subsidios complementarios, desregular su operación y reducir controles para asegurarle plena libertad. Se trata de privatizar todo lo público. Lo que esta política signifique como instrumento de exclusión social no preocupa al PAN; ni lo menciona.

La propuesta panista sobre transporte urbano privilegia el uso del automóvil privado al centrar su interés en la obra vial para mejorar su circulación, lo que lo promueve; y al proponer mecanismos para renovar el parque vehicular con autos nuevos exentos del Hoy no circula, con el argumento de sacar de la circulación los autos viejos más contaminantes. Olvida que todo auto, por nuevo que sea, contamina aun si tiene convertidor catalítico y aumenta el tránsito vehicular entorpeciendo la circulación. Así, al tiempo que se apoya a la minoría de propietarios de autos individuales y se dificulta la circulación del transporte público usado por la mayoría de capitalinos, se contradicen las promesas de ``limpiar el aire'' de la ciudad.

La propuesta de Acción Nacional mira con desconfianza y restringe la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas urbanas; estigmatiza y condena la acción ciudadana que, para proteger sus intereses, se opone a las decisiones de la autoridad sobre obras y servicios concesionadas y megaproyectos. Manipula para ello la idea de que hay obras globales de interés colectivo que están por encima del interés local y de grupo, lo cual es cierto, pero lo resuelve por el camino de impedir la participación y no por el de lograr que mediante información y participación amplias se logren consensos que le den viabilidad. Opta por el autoritarismo en lugar de la democracia, buscando mantener las acciones cupulares que sirven a los procesos de privatización y la discrecionalidad de que hace gala el régimen actual con los megaproyectos inmobiliarios y comerciales en muy distintos rumbos de la capital.

En un gobierno del PAN, al igual que en el del PRI, los contribuyentes pagaremos impuestos para mantener el aparato estatal y su orden impuesto, subsidiar a las empresas privadas y facilitar su control mercantil de lo público; a cambio recibiremos censura cultural y moral, vigilancia y represión; y pagaremos a precios de mercado, si tenemos con qué hacerlo, servicios básicos. Garantizaremos la calidad de vida para una minoría, a la élite urbana, pero no a la mayoría; y nos someteremos a un orden conservador e intolerante, que niega la libertad de la cultura y la cotidianidad. 80 por ciento de los capitalinos serán excluidos de y en esta ciudad aristocrática, producto de la más lamentable combinación de conservadurismo medieval y neoliberalismo posmoderno.