En el marco de la actual campaña electoral, los candidatos de los tres grandes partidos políticos han manifestado enfáticamente su opinión sobre la privatización de los servicios públicos. Pero, en cambio, sólo se han referido marginalmente a la apropiación de los espacios públicos; no ha existido de su parte una clara definición sobre la política gubernamental de conceder los usos públicos en calles, jardines, plazas, parques y deportivos. Casi nada se ha debatido sobre el silencioso proceso de apropiación privada de la ciudad.

La calle Río Papaloapan, entre Volga y Danubio, fue cerrada definitivamente al paso vehicular para convertirla en entrada exclusiva de la embajada de Estados Unidos. Se hizo obviamente con el permiso del gobierno del Distrito Federal. Otra calle, llamada Privada de Perpetua, atrás del teatro de Los insurgentes, fue apropiada toda por el consorcio Opción para construir el gigantesco edificio Nortel en la colonia San José Insurgentes; esta calle está ubicada en la delegación Benito Juárez, curiosamente gobernada por el PAN.

En el edificio de Televisa San Angel se permitió construir un paso peatonal elevado sobre la calle Acapulco. Otros extraños permisos para construir túneles subterráneos y elevados se le otorgaron igualmente a Liverpool, para cruzar la calle de Parroquia, en la colonia Del Valle.

En la colonia Cuauhtémoc las calles fueron concesionadas a dos empresas privadas para operar los parquímetros, un programa seriamente cuestionado por sus endebles fundamentos jurídicos y constitucionales. Igualmente, concesiones del gobierno del Distrito Federal fueron otorgadas para construir en la calle de Morelos un estacionamiento subterráneo para 400 autos.

Se ha iniciado otro, ocupando el subsuelo de la calle de Sullivan, en el parque de la Madre. Mientras tanto, al comercio ambulante se le prohíbe usar la calle para vender y se le expulsa de los espacios públicos a la salida del Metro o de los hospitales.

Desafortunadamente lo más grave de la privatización no está en las calles, sino en las áreas verdes. En 1981 el gobierno autorizó a Reino Aventura ocupar 108 hectáreas del parque nacional del Pedregal, lo que representó 18 por ciento del área total. La concesión se autorizó a pesar de tratarse de una zona de reserva ecológica.

Le pasó lo mismo al bosque de Chapultepec, uno de los parques públicos más populares de la ciudad. A partir de 1985 fueron concesionadas a las empresas privadas Atlantis y La Ola alrededor de 20 hectáreas. El área fue cercada impidiendo el paso al público, salvo, claro, su respectiva cuota. Incluso la privatización alcanzó a los juegos mecánicos con su montaña rusa, antes administrada por el gobierno a precios populares. Los juegos no son más para los pobres; sólo entran las familias de sectores medios y algunos candidatos del PRI.

El caso de la Ciudad Deportiva es alarmante. Al paso de los años se han cercado para usos exclusivos y privados diversas canchas de futbol, beisbol, basquetbol y otras áreas verdes, suprimiendo las oportunidades y el derecho al deporte para las mayorías. Parte de las instalaciones olímpicas construidas con presupuestos públicos, como el Palacio de los Deportes, es ahora exclusiva para espectáculos artísticos. El colmo sería que pronto pasara a ser propiedad de Televisa, como le pasó al Estadio Azteca. El proyecto del estadio del Cruz Azul tenía ahí las mismas intenciones: aprovechar sin que les costara una de las mejores zonas urbanizadas y comunicadas de la ciudad. Afortunadamente una conciencia social organizada lo impidió.

Así se hace la ciudad: ahí donde no hay organización ni conciencia se imponen otros intereses. Hoy vemos impotentes la construcción sobre más áreas deportivas de gigantescas tribunas permanentes para 42 mil personas, lo que pretende ser un foro recreativo.

El cuestionamiento no es, por supuesto, porque existan obras recreativas privadas para sectores económicamente privilegiados, sino porque las empresas las construyan en los mejores parques de la ciudad, reduciendo áreas deportivas que antes eran para todos.

El problema de fondo no es urbanístico ni jurídico, sino social. Desde cualquier punto de vista es inadmisible que el gobierno del Distrito Federal esté entregando a los concesionarios privados parte de las instalaciones, los parques y las áreas verdes de nuestra ciudad. Inadmisible simplemente porque fueron construidos con dinero público y no son, por tanto, patrimonios privados.

Las concesiones y las apropiaciones privadas han convertido los espacios públicos en fuentes de ganancia. Pero lo más importante, han reducido el acceso de un sector mayoritario de la población a la cultura, la recreación y el deporte. Veremos qué opinan al respecto, en el próximo debate, los candidatos al gobierno capitalino.