Critican ONG el desacato oficial a recomendaciones internacionales

Alma E. Muñoz Ť Organismos no gubernamentales (ONG) expresaron ayer su protesta por la negativa del gobierno mexicano de aceptar recomendaciones en materia de derechos humanos por parte de instituciones internacionales.

Denunciaron, en este sentido, que en México persisten las violaciones sistemáticas a las garantías individuales, ``y con la actual legislación de seguridad, las normas jurídicas internas sustantivas y procesales no sólo continúan estancadas, sino que registran preocupantes retrocesos tolerantes de la impunidad''.

Al organizar la mesa redonda La protección de los derechos humanos en América, avances, retrocesos y desafíos, Nicolas Boeglin, especialista en derecho internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, denunció la intención de algunos países integrantes de la Organización de Estados Americanos por impedir que las ONG promuevan casos de violaciones de derechos humanos en algunas naciones.

En este contexto, Mariclaire Acosta, presidenta la Academia Mexicana de Derechos Humanos, criticó que México secundara la propuesta presentada por Nicaragua y ahora la encabece como una manera de regular las denuncias de estos organismos sobre los hechos e incluso se les niegue la oportunidad de ser observadores en acciones que puedan ser violatorias a la dignidad del hombre.

Margarita Espino, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que desde la primera recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, por el fraude electoral de Chihuahua y Durango, en 1985 y 1986, las autoridades calificaron de intervencionista la actuación del organismo internacional que recientemente emitió una nueva observación en el caso del general José Francisco Gallardo, situación que para dichas instituciones, representa una ``negación de la justicia''.

Ante este panorama, las ONG criticaron que el gobierno mexicano considere el trabajo de estos organismos como ``recursos internos o nacionales que no son suficientes o eficaces para proteger los derechos humanos de los mexicanos''.

En la mayoría de los casos, coincidieron, se observa que ``tanto leyes como agencias del Ministerio Público y los tribunales de justicia locales, federales y castrenses actúan parcialmente y dejan en la impunidad las violaciones a los derechos humanos'', muchas de las cuales están bajo la observación de la CIDH.

Resaltaron que la respuesta del gobierno a estos hechos se caracteriza por ``su resistencia y evasión para resolverlos, pretextando en algunos casos, falta de competencia de organismos, falta de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales o la extralimitación en sus funciones y resoluciones, no importando si se trata de defender derechos civiles, políticos o sociales''.

Hicieron mención a la guerras sucias y de baja intensidad que existen en México, producto del proyecto neoliberal que ``permea'' en la cabeza de las autoridades, y pidieron al Ejecutivo Federal respetar los acuerdos que la nación suscribió en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los tratados internacionales que ``prácticamente constituyen ley en el país''.

Nicolas Boeglin pidió, por su parte, promover ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la presentación de casos que constituyan violaciones de garantías individuales, si en el país de origen no se tiene una respuesta al asunto.

También participaron en la mesa redonda, el periodista Carlos Fazio, y Oscar González, presidente de la AMDH.