Pesó la labor de un grupo especial de la cancillería en la exculpación del regiomontano
Lilia Rubio /I Ť Durante 15 años la muerte rondó la crujía texana del regiomontano Ricardo Aldape Guerra. No obstante, después de un escabroso proceso judicial, el preso acaba de ser puesto en libertad pero deja atrás a una treintena de mexicanos también condenados a la pena capital en cárceles estadunidenses, donde la llamada inyección letal se aplica principalmente a negros, hispanos y asiáticos.
Si bien haber declarado inocente a Aldape fue responsabilidad exclusiva de las autoridades del país vecino, también es el resultado de la labor de un singular equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Se trata de un grupo pionero de abogados que aporta investigación y asesoría a los defensores de mexicanos, como Ramón Martínez Villarreal -cuya ejecución acaba de ser aplazada para mayo-, Irineo Tristeo y Francisco Cárdenas. Con el objetivo de salvar vidas, el embajador Miguel Angel González Félix y cuatro licenciados más hacen uso de sus conocimientos penales, adquiridos aquí, y en un programa especial con universidades estadunidenses, así como de recursos jurídicos consulares, diplomáticos, incluso políticos.
``Esta nueva etapa es tan joven como nosotros. Yo fui el conejillo de Indias. En 1982, la Secretaría se dio cuenta de que se necesitaba alguien que conociera derecho de Estados Unidos y me envió a estudiar a Houston para poder asesorar litigios que algunas paraestatales mexicanas tenían allá. Posteriormente, empecé a trabajar con la cuestión de los sentenciados a morir'', explica el consultor jurídico de la dependencia.
``En realidad, el número de paisanos en esa situación es pequeño, si tomamos en cuenta que en todo el territorio vecino hay unos 3 mil en la llamada fila de la muerte, agrega la licenciada Mónica Morán, que llegó a nuestra entrevista con legajos de cifras, nombres y mucho más. ``Desde 1976, Texas es donde más ejecutados ha habido. De 106 en la última década, 16 han sido hispanos y uno, Ramón Montoya Facundo, el único ciudadano mexicano en las últimas tres décadas'', dice la encargada de protección de nacionales en el extranjero.
En los doce años que el grupo lleva trabajando, sus logros han sido significativos. Por ejemplo, la suspensión de sentencias, ante múltiples irregularidades procesales, y la conmutación de ocho penas de muerte por cadena perpetua.
Por otra parte, cabe hacer notar que, en la Reunión Binacional de mayo pasado, México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento en materia de protección consular, cuyo objetivo es permitir que, desde el principio, los abogados de la SRE sean avisados para que den seguimiento a casos donde potencialmente pueda haber pena de muerte. En ocasiones, el equipo trabaja con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
``Hasta hace poco, habíamos ido al rezago, pero ahora estamos de plácemes con el nuevo acuerdo porque, mientras más antes sepamos, mejor. Es ideal es que el detenido esté informado de que no tiene que decir nada hasta no tener un abogado. Normalmente, la gente no conoce que tiene derecho a no hablar y empieza a declarar'', dice el licenciado Hernán Ruiz Bravo, que sigue de cerca lo que sucede en la prisión de Huntsville, Texas, donde se encuentra el mayor número de prisioneros mexicanos en el exterior.
``Así, en la primera etapa, podremos dedicarnos a obtener todo tipo de documentación, como cartas de conocidos y antecedentes de empleo del detenido''', agrega Jaime Paz Fuente.
Para desarrollar este trabajo, los consulados están autorizados a hacer visitas periódicos a hospitales y prisiones. ``Por ejemplo, fue así como nos enteramos de que en Tailandia 3 mexicanos se declararon confesos por narcotráfico con heroína y fueron condenados a 50 años de cárcel''', explica Fernando Ruiz Mora.
``Conocemos las presiones internas políticas y la xenofobia en Estados Unidos, pero lo que más nos interesa es ser un contrapeso en la protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos porque consideramos que la pena de muerte no resuelve absolutamente nada'', señala el embajador González Félix.