Paulina Fernández
Mayoría de diputados
Dirigentes, candidatos y legisladores de los partidos de oposición están interesados más en descalificar que en vencer a su contrincante. La energía de la oposición se ha concentrado en exigir a Ernesto Zedillo que cumpla su propósito de guardar distancia respecto de su partido, sin detenerse a analizar el contenido de las políticas para las que el Ejecutivo ha utilizado a la mayoría priísta en el Legislativo. La oposición legal se ha dirigido a los medios de comunicación ubicando la lucha en el nivel de la opinión, en vez de dirigirse a la población para informarle y analizar las consecuencias sociales de las políticas que quiere seguir imponiendo el Ejecutivo. La mayoría de los críticos de la conducta presidencial ha pretendido despriisar a Ernesto Zedillo en lugar de priisar la injusta situación social, producto de las políticas económicas tercamente defendidas por el Presidente de la República, secundado por los legisladores y militantes del PRI en todo el país. Cuando el sábado pasado, en la ceremonia de toma de protesta de los más de 700 candidatos postulados por el PRI, Zedillo reconoció que necesitará la colaboración de una mayoría priísta en el Congreso de la Unión, se refería implícitamente a la Cámara de Diputados, ya que, después de las elecciones del 6 de julio, cambiarán los 500 diputados que integran esa Cámara y sólo 32 de los 128 miembros de la Cámara de Senadores. El interés presidencial en que su partido gane esa mayoría de curules se explica por las facultades que de manera exclusiva la Constitución le reserva a la Cámara de Diputados, y entre estas facultades hay algunas que tienen relación directa con las tareas del Ejecutivo federal. Corresponde formalmente a los diputados ``examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.'' (artículo 74. IV.) Como resultado de ese procedimiento constitucional es que -suponemos- se han estado canalizando millonarios apoyos fiscales para salvar a grandes corporaciones como las del sistema bancario nacional o las poderosas empresas de la construcción, concesionarias de autopistas. Mientras en el momento más crítico de la crisis los subsidios a la banca llegaron a representar el 5 por ciento del PIB, los apoyos y subsidios a los llamados grupos más vulnerables pasaron del 0.2 por ciento del PIB en 1989 a 0.6 en el crítico año de 1994, disminuyendo lo presupuestado para el presente año en el rubro ``Superación de la Pobreza'' al 0.5 por ciento del PIB (El Financiero, 14/04/97). Para continuar libremente con la orientación de esa política económica, que se condensa en datos tan elocuentes como los que indican que el subsidio al sistema financiero es 28 veces mayor que el gasto público destinado al combate a la pobreza, es que el Ejecutivo federal necesita una mayoría de diputados con los que se identifique políticamente. Es en esta perspectiva en la que la oposición debería estar concentrando su atención y sus cuestionamientos al Presidente de la República, a los diputados, al PRI todo. Zedillo acudió a una reunión de su partido en busca de colaboradores, socios o cómplices, el proyecto de país con el que se ha comprometido le impide recurrir a la mayoría de la población en busca de apoyo; no puede solicitarle al pueblo trabajador que lo respalde para seguir entregando cuantiosos recursos a los grandes empresarios de las finanzas, al capital especulativo, en detrimento de las inversiones productivas en la industria y en el campo, al mismo tiempo que reduce el gasto social y suprime subsidios de beneficio popular como el destinado a la tortilla. Dirigentes, candidatos y legisladores de los partidos de oposición están tan obsesionados con las campañas electorales que ya olvidaron por qué están compitiendo. Insisten en que el Presidente de la República se mantenga distante de su partido en vez de mostrar lo que los une y exhibir la responsabilidad de ambos -del Presidente de la República y del PRI-, en la aprobación, ejecución y defensa de una política económica con cada vez más profundas e irreversibles consecuencias sociales para la mayoría de los mexicanos, a quienes aspiran representar.