Solicita la defensa exculpar a acusados de la matanza en Aguas Blancas

Maribel Gutiérrez y Raúl García, corresponsales, Acapulco, Gro., 18 de abril Ť En la audiencia final del caso Aguas Blancas, los defensores de los ex funcionarios y ex policías procesados por homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono del servicio público pidieron al juez tercero penal, Adolfo Van Meeter, la libertad de los acusados.

Argumentaron que, según las pruebas, la matanza fue provocada por los campesinos, quienes ``hicieron el primer disparo de arma de fuego y agredieron con machetes a los policías que se encontraban en un retén en la sierra de Coyuca de Benítez''.

Consideraron que en el desahogo de pruebas ni en el manejo indebido de las primeras investigaciones para esclarecer los hechos no se demostró la responsabilidad de los detenidos en la matanza de 17 campesinos, ocurrida el 28 de junio de 1995.

En la audiencia de vista estuvieron presentes el ex director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos; el director operativo de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, y 28 ex policías acusados de homicidio, lesiones y abuso de autoridad. Además, están procesados en libertad bajo fianza 10 ex funcionarios del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, por ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo, está en prisión el ex subprocurador de Justicia del estado, Rodolfo Sotomayor Espino, quien no se presentó en la audiencia porque su proceso se suspendió, debido a que está pendiente la resolución de un amparo.

A tres de los ex funcionarios procesados por ejercicio indebido y abandono del servicio público -la agente del Ministerio Público adscrita a Coyuca de Benítez, Francisca Flores Rizo; el agente de Gobernación, Olimpo Soberanis Méndez, y el perito Alfonso Alonso Piedra- se les decretó auto de libertad por falta de elementos, el pasado 16 de diciembre.

El agente del Ministerio Público, Jorge Everth González Ruiz, quien llevó el proceso por la parte acusadora en sustitución del fiscal especial, Alejandro Varela Vidales, presentó por escrito sus conclusiones acusatorias, y pidió al juez que considere penalmente responsables de los delitos señalados a todos los procesados.

Sin embargo, se negó a dar a conocer públicamente sus conclusiones y argumentaciones y, visiblemente presionado, evadió las preguntas de los reporteros acerca de la valoración de las pruebas que se presentaron durante el proceso, después de que concluyó el trabajo del fiscal especial en febrero de 1996.

Luego de la diligencia de hoy, que marca el inicio del plazo de 30 días para que el juez Van Meeter dicte sentencia, el ex comandante de la Policía Motorizada dijo que hace cuatro años reportó al gobierno del estado la existencia -en la región donde ocurrió la matanza- de grupos armados presuntamente vinculados con la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenecían los campesinos que el 28 de junio de 1995 se dirigían a una manifestación.

El ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, indicó que el entonces gobernador Rubén Figueroa tenía conocimiento de ello, y que desarrolló una política para evitar la activación del movimiento armado, con acciones como el diálogo con la OCSS, el envío de recursos para programas sociales y acciones de disuación con los cuerpos policiacos.

El ex funcionario preso consideró que, ante el ``impacto publicitario'' que provocó la matanza, el proceso penal no se ha llevado a cabo para buscar la verdad, sino para ``satisfacer el rencor social que despertó la masacre''. Y entre los hechos que no se investigaron señaló la posible presencia de un provocador que inició los disparos, según la denuncia pública hecha por del dirigente de la OCSS, Marino Sánchez Flores, quien en ningún momento del proceso fue citado a declarar.

El defensor de los ex funcionarios, Julio Hernández Barros, planteó que debe absolverse al mayor Manuel Moreno González (a cargo de los policías en el lugar de la matanza) de los delitos de homicidio y lesiones, porque se comprobó que ``no hizo disparo alguno, no ordenó a nadie que disparara y no pudo evitar que sucedieran los hechos a pesar de haberlo intentado''.

También pidió que se absuelva a Mendoza Ramos (quien, según la fiscalía, aparece de espaldas en el video de la matanza, disparando una pistola hacia los campesinos) de los delitos de homicidio y lesiones, porque durante el proceso no se probó su participación en los hechos.

Asimismo, que 12 funcionarios, agentes del Ministerio Público y peritos sean absueltos del delito de ejercicio indebido del servicio público, porque ``no existen prueba de que alguno de los procesados hubiese ocultado información''.

El defensor de los policías presos, Andrés Osorio Vázquez, pidió la libertad de ellos, y aseveró que 10 de los 28 dispararon en el vado de Aguas Blancas ``en legítima defensa''. Para los restantes 18 policías pidió también una sentencia absolutoria, pues dijo que en el proceso se comprobó que no dispararon arma de fuego, y no se les puede fincar responsabilidad por homicidio y lesiones por el solo hecho de que estuvieron presentes en el lugar.

Piden incremento a pensiones

Paula Mendoza Téllez y Cruz Lozano Rebolledo, dos de las viudas de la matanza de Aguas Blancas, así como Apolinar Ojeda Contreras, uno de los sobrevivientes del ataque, viajaron hoy a la capital del estado para exigir al gobierno un incremento a las pensiones vitalicias de mil pesos que reciben mensualmente, y que la ayuda se les entregue con puntualidad.

Las mujeres se quejaron de que el gobernador Angel Aguirre Rivero ``lo único que quería era que saliéramos en la foto con él, porque no ha cumplido su palabra de aumentar el monto de la pensión que nos están mandando con mucho retraso''.