Intentan reabrir el depósito de desechos en Guadalcázar, acusa un grupo ecologista

Antonio González Vázquez, corresponsal, San Luis Potosí, SLP, 18 de abril Ť El ambientalista Grupo Pro San Luis Ecológico aseguró que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta, a través de funcionarios, ``presionó y amenazó'' al alcalde y los regidores de Guadalcázar para que ``firmasen un acuerdo de entendimiento'' con la empresa Metalclad, con el fin de que se autorice la reapertura del confinamiento de desechos industriales de La Pedrera.

En entrevista, Sergio Serrano Soriano, vocero de Pro San Luis Ecológico, señaló que ``es muy lamentable para todos que Sánchez Unzueta se haya retractado de apoyar la clausura total del confinamiento, pues ahora ha promovido un acuerdo que permite su entrada en operación''.

Aseveró que ``gente del gobernador'' acudió constantemente al municipio de Guadalcázar durante los primeros tres meses del año, con el fin de hostigar y presionar al cabildo para que acatara un acuerdo con la empresa propietaria del confinamiento''.

Precisó que como resultado de las amenazas, el alcalde Leonel Ramos Torres y varios regidores firmaron un ``acuerdo de entendimiento'' entre el municipio y la empresa. En dicho acuerdo, promovido por el gobierno del estado, se señala que las partes acuerdan ``operar comercialmente el confinamiento, de manera controlada y como depósito de residuos industriales no peligrosos''.

Serrano Soriano puntualizó que, con base en ese acuerdo ``indebidamente alentado por las autoridades estatales'', se precisa que el confinamiento operaría inicialmente durante un plazo de cinco años. En el curso de ese lapso, la empresa se compromete a que, al mismo tiempo que opera y recibe desechos, se procederá a la ``remediación'' del sitio.

Esa ``remediación'', manifestó el vocero ambientalista, consistirá en someter a control las 20 mil toneladas que se confinaron indebidamente en el lugar para disminuir los elevados riesgos de explosividad que existen en las celdas de almacenamiento.

No obstante, dijo, ``el gobernador Sánchez Unzueta está rompiendo el compromiso contraído con la población de apoyar la negativa de los habitantes de Guadalcázar a la reapertura del confinamiento clausurado en 1991''.

Consideró que es ``inexplicable'' la postura del mandatario estatal, que en vez de apoyar a la población y al medio ambiente, ``se ha orientado hacia los intereses de la empresa estadunidense''.

Por su parte, Horacio Sánchez Unzueta rechazó esa acusación. Precisó que el llamado ``acuerdo de entendimiento'' no existe y afirmó que la reapertura del confinamiento no está prevista.

Negó también que su gobierno haya promovido un acuerdo entre municipio y Metalclad, pues señaló: ``Somos escrupulosamente respetuosos del ayuntamiento de Guadalcázar''.

Molesto, al ser entrevistado aseguró que no ha cambiado de parecer y continúa apoyando la negativa al confinamiento, y rechazó que funcionarios de su administración hayan amenazado al presidente municipal y al cabildo de Guadalcázar.

Por el contrario, el mandatario acusó al Grupo Pro San Luis Ecológico de haber falsificado el presunto ``acuerdo de entendimiento'', pues oficialmente no hay nada.

-¿Quién falsificó el documento?

-No me acuerdo de su nombre.

-¿Qué intereses identifica usted detrás del problema?

-Políticos, por supuesto.

-¿Ligados a quién?

-Con grupos, pero no he investigado, por eso no sé.

-Pero como gobernador del estado debería saber quién genera conflictos...

-No, no soy un dios. Sólo soy un simple gobernador. Para imaginarme qué piensa cada ciudadano, eso nadie.

Ofuscado por los cuestionamientos sobre el confinamiento, reiteró que el presunto ``acuerdo de entendimiento'' es producto de una falsificación de documentos oficiales.

Sin embargo, ese acuerdo fue firmado el 8 de enero de 1997 por Leonel Ramos, presidente municipal de Guadalcázar, y Gustavo Carvajal Isunza, representante de la empresa Confinamiento Técnico de Residuos Industriales.

Por último, Sergio Serrano advirtió que la población no permitirá la reapertura del confinamiento, aun cuando ésa sea la voluntad de las autoridades estatales y municipales, pues lo que finalmente cuenta es la decisión popular.