Implican a un directivo de Profepa en decomiso ilegal de camarón en Sinaloa

Gustavo Castillo García Ť Un grupo de pescadores ribereños sinaloenses, agrupados en cuatro cooperativas camaroneras, acusaron al director general de Recursos Marinos y Pesqueros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Luis Fueyo, de haber decomisado ``de manera ilegal'' 16 toneladas del producto, provocar grandes deudas y el empobrecimiento de al menos 750 familias.

El funcionario negó la ``ilegalidad'' del decomiso. Rechazó tener interés alguno en provocar la quiebra de esas cooperativas -como los pescadores acusaron en conferencia de prensa-- y aseguró estar dispuesto a aceptar una investigación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

Los pescadores -representados por las cooperativas Ribereña-Dautillos, Baradito y Altamura, Barra de Tonina y Península de Lucenilla- insistieron en que Luis Fueyo procedió ilegalmente al ``inventar'' un supuesto emplazamiento de pesca, y a través de la Profepa ``se ha negado a entregar completos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los procedimientos realizados para el decomiso''.

Filemón García Valle, Clemente López Medina, Luis García Ramírez, Jesús Alfonso Medina Gerardo y Francisco Guzmán encabezaron la conferencia, en la que señalaron que el decomiso ocasionó que al menos 750 familias se encuentren sumidas en la pobreza y enfrenten grandes deudas con Ocean Garden por un monto superior a los 2 millones de pesos.

Asimismo, mencionaron que esa acción -ocurrida el 4 de septiembre de 1996- los imposibilitó para exportar su producto y obtener unos 25 millones de pesos.

Acusaron que el decomiso ``se realizó con la finalidad de promover una mayor venta del producto que comercializa la empresa Larvamex, de la cual son accionistas mayoritarias la esposa y la hija del funcionario, Martha Zarín y Argelia Fueyo Zarín, respectivamente''.

Fueyo dijo que puede demostrar que vive de su sueldo, y que sus familiares no forman parte de ninguna empresa acuícola que compita con los pescadores ni que se trate de una acción represiva.

``En Sinaloa, las violaciones no sólo se dan en el centro de la entidad, porque no sólo los pescadores de Navolato salen de aguas ribereñas a aguas marinas; eso ocurre en muchos otros puntos de pesca, lo que obliga a las autoridades a establecer ese tipo de medidas para evitar un colapso en la captura de camarón'', explicó.

Puntualizó que en el caso de los quejosos, ``el camarón se capturó en zona prohibida, y existe un testimonio público en el cual el contador Luis García Ramírez reconoce que ellos realizan su actividad en alta mar''.