Cumbre mundial sobre racismo a más tardar en 2001, anuncia la ONU

Kyra Núñez, especial para La Jornada, y agencias, Ginebra, 18 de abril Ť La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó hoy seis semanas de sesiones con la adopción de una resolución final, la cual pide que se convoque a una cumbre mundial contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

La petición de esa conferencia, para efectuarse a más tardar en el 2001, fue aprobada por los 53 países miembros de la comisión, y será transmitida para su estudio a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La conferencia estudiará los factores históricos, políticos, económicos y socioculturales que conducen al racismo y la discriminación, y formulará propuestas concretas para adoptar nuevas medidas de carácter nacional e internacional contra esos problemas.

Hubo una fuerte decepción entre quienes defienden los asuntos indígenas, y que son parte de ese otro mundo de la ONU: el de las ONG. Sin embargo, la comisión decidió dos asuntos sumamente trascendentes: la creación del puesto de relator para el derecho a la tierra y la realización -en junio, en Ginebra- de un taller de trabajo sobre problemas indígenas.

Pero el acto crucial, en el que debía decidirse la aceptación del proyecto de Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue pasado por alto. Sólo recibió suscintas declaraciones gubernamentales de que se analiza, estudia y compara con las provisiones inscritas en las legislaciones nacionales.

Zacklin, en respuesta a pregunta específica, dijo que ``la comisión hace lo que puede'', pues las decisiones parten de los países miembros y no de los funcionarios de la ONU, los cuales ``siguen mostrando enorme interés respecto de los asuntos indígenas, pero buscan la manera precisa para que la citada declaración pueda ser armonizada con las constituciones nacionales y sus reglamentaciones propias. Sin un mandato específico, la Comisión de Derechos Humanos no puede hacer más''.

La ONU, abundó, decidió abrir el sector de derechos indígenas y se le asignará parte del presupuesto del bienio 1998-1999 de la Comisión de Derechos Humanos, calculado en 70 millones de dólares.

La designación futura del relator especial para el derecho a la tierra, si bien recibió el beneplácito de las ONG, fue considerada por éstas como una manera de ``darle vueltas al asunto'' y alargar la toma de decisiones.

Está por verse si los países donde los grupos indígenas denuncian problemas de tierra aceptarán que un relator investigue. ``¿Cuánto le tomará a un gobierno oponerse, por considerarlo una violación a su soberanía e intervención en sus asuntos internos?'', preguntó con sarcasmo una indígena de Ecuador.