93 mil indocumentados recibirán la remoción expedita en el año fiscal 96-97: SIN
Georgina Saldierna V. Ť El Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos estima que durante el año fiscal 1996-1997 un total de 93 mil indocumentados saldrán de ese país a través del procedimiento conocido como remoción expedita, y que es muy similar a la deportación.
Los portavoces del SIN, Brian Jordan y Andrew Lluberes, informaron que durante el año fiscal 1995-1996 el número de personas que salió por esta vía fue de 68 mil, y en términos generales se trataba de ``criminales'' y gente que había violado la legislación estadunidense.
En teleconferencia de prensa los dos funcionarios reiteraron que no habrá deportaciones masivas a causa de la nueva ley de inmigración. A su vez, la subcomisionada del SIN, Chris Sale, insistió en que este organismo está comprometido a aplicar la citada legislación de manera justa y consecuente con la historia de Estados Unidos, que es un país de inmigrantes.
Añadió que la ley de inmigración busca enfrentar la entrada ilegal a Estados Unidos, donde 5 millones de personas se encuentran sin la documentación necesaria.
También dijo que la legislación mantendrá su apoyo a los solicitantes de asilo y no cambiará la acogida que se da a estudiantes, comerciantes, turistas y empresarios.
Durante la teleconferencia, en la que participaron periodistas y diplomáticos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Jordan y Lluberes pideron mayor confianza en la ley y menos pánico por parte de los inmigrantes.
Precisaron que durante el año fiscal 1995-1996 (que empieza y termina en octubre) se deportaron 2 mil 782 guatemaltecos, y en los primeros meses del año fiscal 1996-1997 se repatrió a mil 63.
Luego hablaron sobre las cifras totales de personas que, estiman, saldrán en el presente año por medio de la remoción, y que según explicaron autoridades de la Embajada de Estados Unidos es un procedimiento a través del cual el emigrante indocumentado sale inmediatamente de ese país sin que medie juicio alguno.
Los dos funcionarios insistieron en que la legislación en debate es una ley y no un tratado o un acuerdo con otras naciones.
Interrogados sobre si Estados Unidos está dispuesto a cooperar con Sudamérica para crear mayores oportunidades de empleo, confiaron en que los tratados comerciales ayuden a mejorar las condiciones económicas de los países en desarrollo.