Se acaba de aprobar una iniciativa de decreto con reformas a la Ley General de Salud. En ella, además de producirse avances en la desregulación y el control sanitarios, se dispone que los medicamentos deberán ser identificados por su denominación genérica. El nombre genérico se refiere al de la sustancia o principio activo del que está compuesta una medicina, por ejemplo, en el caso de un medicamento contra el dolor y la fiebre el nombre comercial es, digamos, Neomelubrina y la denominación genérica Metamizol. La ley establece como obligatorio que en la publicidad, etiquetado y la receta médica se utilice el nombre genérico. Esto que parecería a simple vista solamente un reacomodo de nombres, es uno de los hechos de mayor trascendencia en la historia reciente de la salud pública de nuestro país, por su enorme impacto en la salud al fomentar, no solamente el libre mercado de estos productos, sino además, al traducirse en la reducción de los precios de los medicamentos en el territorio nacional.

En efecto, hasta antes de la reforma, surtir una receta médica se había convertido en un suplicio para la población de escasos recursos económicos que representa, todos lo sabemos, a la mayoría. La publicidad, la presentación de los medicamentos y las recetas expedidas por los médicos, sólo atendían al nombre comercial de estos productos con lo que los precios se convertían no en pocas ocasiones en inaccesibles. El precio de los medicamentos en su modalidad comercial, no solamente es elevado, sino además, en los últimos años se venía incrementando sin ningún control. Si comparamos la evolución del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) --que se ha mantenido a la alza en los últimos años-- con el Indice de Precios de los Medicamentos (IPMED) se observa que éste ha aumentado en forma más drástica. Si se normalizan estos índices (1991=100), para 1995 el INPC se elevó a 183.6 puntos, mientras que el IPMED creció a 249.5 En otras palabras, los precios de las medicinas se elevan en mayor proporción que el promedio de los precios de otros productos. Para 1996, las proyecciones muestran que mientras el INPC representa 230.66 puntos, el IPMED se eleva hasta 344.57, con lo que la relación IPMED/INPC sería para este último año de 149.38 puntos, lo que nos aclara la razón de la angustia de millones de personas que tienen que dejar cada día una proporción mayor de sus salarios en las farmacias.

El establecimiento de un mercado de productos genéricos representa un cambio radical de esta situación, pues la diferencia entre sus precios y los de las marcas comerciales es abismal. Pensemos, por ejemplo, en personas que padecen úlcera gastroduodenal, esta enfermedad puede tratarse con un producto comercial, el Azantac, cuyo precio en las farmacias de la ciudad de México es de 67 pesos, mientras que el de su principio activo, la Ranitidina es de 36 pesos, lo que representa una diferencia del 86 por ciento; otro antiulceroso como el Pepcidine cuesta 141.80 pesos, mientras que el genérico Famotidina cuesta 65, es decir, una diferencia del 118.2 por ciento.

Vale la pena ver otros ejemplos: Un antibiótico como el Pentrexil es 98 por ciento más caro que su genérico Ampicilina; un antiepiléptico, el Tegretol, tiene un precio 231 por ciento más alto que su principio activo, la Carbamazepina; un antirreumático como el Voltarén cuesta en las farmacias 128.80 pesos y es 344 por ciento más caro que su sustancia activa, el Diclofenaco que cuesta solamente 29 pesos.

Desde luego, estas diferencias crean una situación doble. Por un lado, dejan enormes márgenes de utilidades económicas que no se quedan precisamente en las farmacias y, por otro lado, generan un enorme problema de salud pública al hacer a las medicinas poco accesibles a la mayoría de la población. Como puede entenderse, la nueva disposición tiene también un efecto doble: Beneficia a la mayoría de los mexicanos al brindar la posibilidad de adquirir a precios razonables las medicinas que requieren para sus tratamientos, pero además genera reacciones adversas de poderosos intereses transnacionales, cuyos personeros no han tardado en reaccionar en contra de la reforma, con argumentos por lo demás absurdos.

Uno de ellos se refiere a la calidad. Se trata de hacer creer que los productos genéricos no tienen una calidad comparable con la de sus equivalentes comerciales, tratando con ello de sembrar la duda sobre su efectividad. Este argumento parte de la creencia de que los mexicanos somos estúpidos, pues el empleo de una marca comercial no le confiere mayor efectividad farmacológica a un principio activo, el que además puede ser importado o producido y envasado en laboratorios mexicanos bajo los mayores controles de calidad. También se cuenta con una vigilancia estricta por parte de la Secretaría de Salud y por si fuera poco, las adiciones a la ley prevén la figura de Terceros Autorizados, lo que incorpora, en caso necesario, a los laboratorios e instituciones nacionales de investigación científica en la verificación de estos productos. Otros argumentos sugieren que se viola la libertad de prescripción, al hacer obligatorio a los médicos incluir en su receta la denominación genérica. Esto resulta falso, pues si bien los doctores tendrán que anotar el nombre del principio activo, pueden incluir también la denominación comercial, dejando a los pacientes la libertad de elegir el medicamento de su preferencia. Todos los médicos están capacitados para manejar simultáneamente los nombres genéricos y comerciales y están formados para actuar en beneficio de sus enfermos. No conozco ningún juramento en la historia de la medicina que obligue a los médicos a actuar en favor de empresas farmaceúticas por encima del bienestar de sus pacientes.

Finalmente, las reformas a la Ley General de Salud, enviadas por el ejecutivo, fueron aprobadas tanto en la cámara de diputados como en la de senadores ¡por unanimidad! esto significa que votaron a favor de ella todos los partidos, tanto la mayoría gubernamental como la oposición y legisladores independientes, lo cual le da un valor político aparte, pues muestra que ante un asunto de interés nacional, en este caso, garantizar la salud de la población pueden hacerse a un lado las diferencias. Se trata de un triunfo de los mexicanos, por el que hay que felicitarnos todos.