La redistritación en Chiapas seguirá, advierte el líder del Congreso estatal
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 de abril Ť El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado advirtió que ``es voluntad soberana de este órgano legislativo continuar con las consultas'' previas a la remunicipalización de Las Margaritas y Ocosingo, trabajo que, según valora, forma parte de los Acuerdos de San Andrés.
Sin embargo, en tres cartas dirigidas a los diputados locales, las comunidades zapatistas que acudieron ayer a El Edén reiteran su demanda del reconocimiento de las regiones autónomas, constituidas en la región desde diciembre de 1994, y añaden que para que constitucionalmente se dé este reconocimiento, antes debe aprobarse la propuesta de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena.
En el comunicado de prensa número 219, el Congreso del estado informa que ayer ``un grupo de 300 zapatistas intentaron, con violencia, interrumpir la consulta que la Comisión de Remunicipalización, Redistritación y Reforma Municipal'' realizaba en la comunidad El Edén, municipio de Las Margaritas.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, consideró que ``la 59 Legislatura ha hecho insistentes invitaciones al EZLN para que se integre a los trabajos, sin que éste haya respondido, por lo que -justifica- comenzaron los trabajos de consulta que, independientemente de cualquier acuerdo, son facultad soberana del Congreso del estado''.
Asimismo, el líder cameral considera que en dos ocasiones ha habido claros intentos de amedrentar a los diputados que han acudido a las consultas, ``en estos intentos se ve con claridad la previa preparación para montar un espectáculo destinado al consumo de la prensa nacional (...); no obstante, el consenso se ha llevado a cabo, ya que incluso en el caso de la última reunión, los legisladores han recogido las inquietudes de las comunidades a través de actas firmadas por los habitantes de la región''.
El diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo, añade el boletín, ``rechaza enfáticamente las perversas tácticas dilatorias del EZLN y sus simpatizantes, que no son las comunidades de la región, para evitar que se resuelvan los acuerdos de Larráinzar (...) y señala enfáticamente a la opinión pública que continuará con las consultas, como es voluntad soberana del órgano legislativo''.
El 17 de abril la Comisión de Remunicipalización se reunió con representantes de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) para que, por primera vez y de manera formal, se hiciera llegar una invitación al EZLN para que se integrara a los trabajos de remunicipalización en Ocosingo y Las Margaritas; para entonces, ya la Comisión había realizado tres consultas en comunidades cuya población es mayoritariamente priísta.
Al día siguiente, y luego de reconocer que la Comisión de Remunicipalización actuaba unilateralmente, al no consensar ni con los representantes de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés los trabajos que ya se llevaban a cabo, la fracción parlamentaria del PRD se retiró de la Comisión, ``hasta esperar la respuesta del EZLN a la invitación formal que el17 de abril se hizo para que participara en los trabajos''.
Ayer mismo, los indígenas de las comunidades zapatistas que llegaron a la comunidad El Edén manifestaron en tres cartas dirigidas a los legisladores locales que desde diciembre de 1994 las comunidades de la zona se constituyeron en distintas regiones autónomas, como la de Tierra y Libertad, Amaro Agua Tinta y San Pedro Michoacán, acuerdo pactado con 75 por ciento de los habitantes de esa región de Las Margaritas.
Puntualizaron en las misivas que la demanda de las comunidades no es la creación de nuevos municipios, ``que sólo confunden y dividen más a la población'', sino el reconocimiento de las regiones autónomas ya constituidas, para lo cual -añaden- se requiere el aval que sólo la Constitución otorgaría cuando se aprobara la propuesta de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, por lo que demandan primeramente la aprobación de la propuesta de ley y, en seguida, el reconocimiento de las regiones autónomas de los pueblos indígenas.