En Argentina, el gobierno de Carlos Saúl Menem se presenta a las próximas elecciones de octubre en malas condiciones. A la ola de repudio producida por el asesinato del periodista José Luis Cabezas se agrega la crisis en el equipo gobernante, cuyos más recientes episodios son la acusación formulada por el ex superministro Domingo Cavallo en el sentido de que la mafia ocupa importantes posiciones, así como la negativa de Menem a permitir que el Parlamento investigue la privatización del correo y las comunicaciones (servicios directamente vinculados con la elaboración del padrón electoral); tal desincorporación, significativamente, favorece a un conspicuo miembro del grupo al que Cavallo acusa de mafioso.

Estos desencuentros e intrigas en los círculos del poder presidencial tienen como telón de fondo social una serie de huelgas generales nacionales o provinciales en protesta por las reducciones de personal, sobre todo en la enseñanza y en la sanidad.

Con estos elementos en el primer plano de la escena política argentina, no es de extrañar que los sondeos preelectorales atribuyan a la oposición (que ya controla la capital federal) la posibilidad concreta de conquistar, entre otros, el principal y más poblado distrito del país, la provincia (estado) de Buenos Aires.

La secuencia de los hechos es clara: los despidos y el aumento de la desocupación provocan las manifestaciones de protesta, a las cuales el gobierno responde con actos de brutal represión (como en el caso de los maestros en la provincia de Neuquén); a esta represión siguen, en una espiral siempre ascendente, paros, huelgas generales y otras manifestaciones obreroestudiantiles.

No faltan, en este panorama convulsionado, grupos misteriosos y provocadores cuyas acciones delirantes evocan el accionar de grupos similares, manipulados o infiltrados por las fuerzas de seguridad y muy funcionales para la acción de éstas, como en la fase que llevó a la dictadura militar de 1976.

De ahí a mezclar las acciones gremiales o sociales y políticas que se efectúan en el marco de la Constitución, así como la difusión de volantes o de ideas mediante pintas con una supuesta ``gimnasia presubversiva'' no hay más que un paso, que el gobierno argentino se ha apresurado a dar, ignorando que lo verdaderamente subversivo es la desocupación, el hambre y la desigualdad resultantes de una política económica que la misma Iglesia católica ha denunciado reiteradamente.

Parecería que, ante unas elecciones difíciles y a las que el equipo gubernamental se presenta sin unidad, el gobierno ha elegido la estrategia extralegal de incrementar la tensión política desde el Estado. Atemorizar al pueblo y desviarlo de las urnas, dejar en segundo plano la discusión política y programática, esconder los escándalos y las dificultades en que se encuentran el Presidente y sus asociados, desviar la atención de las privatizaciones de empresas y sectores estratégicos y del control de la economía argentina por capitales extranjeros, son operaciones para cuya consecución es necesario hacer aparecer a los opositores sociales o políticos como subversivos potenciales o ``idiotas útiles'' del terrorismo. Así se acabaría, de hecho, con la campaña electoral en nombre de una supuesta lucha contra un dudoso complot subversivo internacional, organizado, según la versión gubernamental, por un oscuro y reducidísimo grupo extremista local el MIR chileno --casi en liquidación-- y Herri Batasuna, partido vasco cuyo ámbito de acción se encuentra a más de 10 mil kilómetros de distancia del territorio argentino.

Con todo, la poca verosimilitud de la estratagema menemista no le quita peligrosidad. Al llevar la lucha preelectoral al terreno de la represión, mostrar los músculos del Estado y agravar la ya enorme tensión, se desgasta la de por sí erosionada institucionalidad democrática y se pone en peligro la vigencia de la Constitución.