Al fracaso, otro intento de regular el derecho a la información

Oscar Camacho Guzmán /I Ť La que sigue es una historia que se escribió por vez primera en México hace 18 años, en los albores de la apertura lopezportillista, y que al paso de cuatro sexenios ha vuelto a editarse con actores políticos diferentes y en escenarios semejantes, pero con idéntico desenlace: el fracaso.

Es la historia del esfuerzo por reglamentar, ahora en la actual legislatura, el derecho a la información.

Una historia que hoy concluye como hace dos décadas: con la negativa del presidente, el secretario de Gobernación y los legisladores del PRI a suscribir junto con la oposición un paquete de iniciativas para garantizar el acceso de los mexicanos a la información gubernamental.

Y con ello, a reglamentar también cuestiones como las concesiones de radio y televisión, la publicidad oficial a los medios de comunicación, el derecho de réplica, el secreto profesional, la cláusula de conciencia -para cerrarle el paso a la censura- y el salario de los periodistas, entre otras.

En síntesis: un esfuerzo para reglamentar derechos, deberes y obligaciones de medios, gobierno y ciudadanos en el campo de la información.

Proceso que iniciaron en forma conjunta diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Grupo Ciudadano en enero de 1995, y del cual se desligó en el último momento, hace apenas un mes, la bancada priísta.

``La orden se las dio el secretario de Gobernación'', acusan las diputadas María Teresa Gómez Mont (PAN) y Ana Lilia Cepeda (PRD), quienes en distintas ocasiones han responsabilizado a Emilio Chuayffet de haber bloqueado sistemáticamente los trabajos de la comisión legislativa.

``Esa es una acusación simplista'', responde el priísta Samuel Palma, quien reconoce sin embargo que la decisión de no suscribir las iniciativas se dio a partir de una ``consulta'' entre legisladores del tricolor y funcionarios del partido en el poder.

Fracaso que, ayer como hoy, mantendrá el derecho a la información garantizado en el artículo 6o. de la Constitución, como uno de los pocos preceptos de la Carta Magna que no cuenta con reglas legislativas para su ejercicio, aplicación y uso.

De este nuevo esfuerzo frustrado se sabrá esta semana en San Lázaro, cuando las fracciones del PRD, PAN, PT y Grupo Ciudadano presenten en la Cámara de Diputados, sin respaldo del PRI, el paquete de iniciativas elaboradas a partir de la Consulta Nacional que organizó en 1995 la Comisión de Comunicación Social.

Sin embargo, el fracaso podría ser aún peor, porque entre las fracciones del PRD y PAN aún hay divergencias de método y de estrategia política que de no superarse podrían provocar, incluso, que ni siquiera la oposición presente las iniciativas.

Y es que, por un lado, la dirigencia nacional del PRD ha dado ``instrucciones precisas y tajantes'' a sus diputados para que en la actual coyuntura electoral no voten ni suscriban iniciativa alguna de manera conjunta con el PRI ni con el PAN en la Cámara de Diputados.

``La orden es marcar claramente una diferencia con panistas y priístas'', reveló un integrante de la bancada perredista.

Al PRD, sin embargo, se le ha dificultado decirle ahora que no al PAN, y para cumplir la orden de su dirigencia nacional ha esgrimido como argumento que no firmará una iniciativa que vaya suscrita también por el diputado ciudadano Adolfo Aguilar Zínser, a quien los panistas insisten en integrar.

Y, por su parte, los panistas se encuentran también en aprietos pues, por la misma coyuntura electoral que vive el país, Felipe Calderón Hinojosa pidió a sus diputados la iniciativa para revisarla ``de principio a fin'' con el objetivo de eliminar cualquier palabra, frase o propuesta que pudiera ``parecer represiva de la libertad de expresión''.

Pero además, y si el PRD decide no suscribir el paquete, los panistas han considerado la posibilidad de no presentar solos las iniciativas, a fin de evitar que se utilicen como parte de una campaña en su contra acusándolos de pretender imponer una ``ley mordaza'' a los medios.

1995, luz verde en Los Pinos

Una fría mañana de enero de 1995, en Los Pinos, diputados panistas encabezados por su coordinador en San Lázaro, Ricardo García Cervantes, acudieron a visitar al presidente Ernesto Zedillo.

En la agenda del diálogo estaba en páginas centrales la realización de un próximo periodo extraordinario de sesiones con el fin de aprobar diversas iniciativas que interesaban al Ejecutivo, y entre ellas, la relacionada con las telecomunicaciones.

El diálogo fue intenso -según revela la diputada María Teresa Gómez Mont-, y para suscribir la convocatoria al periodo extraordinario, el coordinador del PAN, Ricardo García Cervantes, puso como condición que el Presidente aceptara el compromiso que permitiera iniciar en la Cámara de Diputados los trabajos para legislar en torno al derecho a la información.

``Adelante... dijo finalmente el presidente Zedillo'', indica Gómez Mont.

Los diputados le creyeron al Presidente, y ya con el semáforo de Los Pinos en verde, comenzaron a planear, a reunirse y a buscar las formas de concretar el proyecto.

Comisión paritaria

Así, el 28 de enero de 1995 el pleno de la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial de Comunicación Social, con el mandato de consultar a la ciudadanía y recoger opiniones para que hagan efectiva y salvaguarden la libertad de expresión, adecuen el marco jurídico a las transformaciones ocurridas en el ámbito de la información y la comunicación, y propicien los versátiles cambios tecnológicos en los medios impresos y electrónicos.

Inicialmente, la comisión debió integrarse como cualquier otra de la Cámara, con 20 diputados del PRI, 9 del PAN, 4 del PRD, uno del PT y uno del Grupo Ciudadano.

Pero como los priístas se pelearon entre ellos por la presidencia de la comisión -la cual exigió para sí Netzahualcóyotl de la Vega, sin el respaldo de sus compañeros-, se optó por conformar una Comisión Paritaria de Comunicación Social, cuyas decisiones se tomarían por consenso.

Esta comisión se instaló formalmente el 8 de febrero y desde entonces, y a lo largo de dos años cuatro meses, han participado en ella diversos legisladores: por el PAN, María Teresa Gómez Mont; por el PRD Ramón Sosamontes, Ana Lilia Cepeda y Marco Rascón; el PRI ha tenido a Carlos Reta, Samuel Palma y Netzahaulcóyotl de la Vega; por el PT, Joaquín Vela y José Narro Céspedes, y por el Grupo de Diputados Ciudadanos, Adolfo Aguilar Zínser.

La comisión tomó en serio su trabajo y en los primeros meses del año anunció la realización de una Consulta Nacional sobre Medios y Derecho a la Información, la cual se pospuso un mes, para realizarse finalmente del 8 de junio al 11 de julio de 1995.

Debe reglamentarse la responsabilidad gubernamental de informar: Zedillo

Más alentados aún se manifestaron los diputados en sus trabajos cuando el 7 de julio de 1995, en la comida del Día de la Libertad de Expresión, el Presidente se pronunció contra cualquier norma que pretenda restringir ``libertad de expresión'', pero claramente a favor de reglamentar ``la responsabilidad gubernamental de informar'':

``El gobierno tiene la obligación esencial de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales de los mexicanos. Reitero a ustedes que mi gobierno respetará irrestrictamente el derecho de expresión y garantizará su libre ejercicio.

``De ahí que hoy reafirme mi convicción de que pretender normar la libertad de expresión conlleva más riesgos que beneficios; que aun ante los hechos excepcionales de abuso o de calumnia, es preferible la tolerancia que el costo que supondría limitar el ejercicio de la esencial garantía individual, que es la libertad de expresión''.

Pero marcó una diferencia y habló de la obligación del gobierno a informar, sobre la cual el presidente Zedillo expresó:

``Del mismo modo, expreso mi disposición y convicción para precisar y reglamentar la responsabilidad gubernamental de informar amplia y puntualmente sobre todos aquellos aspectos bajo la esfera de su autoridad y de interés de la ciudadanía''.

Fue el día en que ofreció también, por cierto, dar conferencias de prensa periódicas, que sólo cumplió en tres ocasiones.