``Provocación'', los intentos por imponer medidas unilaterales en la entidad, asegura Juan Guerra

Antonio Vázquez y Ciro Pérez Ť Los intentos oficiales por imponer medidas unilaterales en Chiapas ``son elementos de provocación que no se hacen de buena fe, sino con la perversa intención de golpear, dividir y desaparecer a los indígenas zapatistas'', aseguró Juan Guerra, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), luego del enfrentamiento del pasado sábado en Las Margaritas.

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó al Senado de la República exigir al gobierno federal que termine, de una vez por todas, con el surgimiento de grupos paramilitares en la región y que explique por qué se ha ampliado el proceso de militarización de diversas comunidades de la entidad.

Consultado sobre el enfrentamiento entre priístas y civiles zapatistas ocurrido el pasado sábado en Las Margaritas, el legislador opinó que acciones como la de iniciar unilateralmente una consulta pública para establecer un nuevo municipio en el mencionado territorio, cuando no se han respetado los acuerdos de San Andrés Larráinzar, ``aíslan y debilitan al movimiento indígena, por lo que son reprobatorias en todos los sentidos''. No será con ``escamoteos'' o con medidas unilaterales como se logre la paz duradera en Chiapas.

Juan Guerra acusó al presidente Ernesto Zedillo y a la Secretaría de Gobernación de haber ``trabado'' la reforma constitucional y de rechazar la puesta en marcha de acuerdos regionales. ``Ellos quieren hacerlo comunidad por comunidad, aunque saben que es imposible, debido a la movilidad que mucha gente ha tenido que realizar al ser desplazados de sus lugares de origen''.

Al reconocer que aún es posible rencauzar el proceso, el integrante de la Cocopa denunció que existe falta de determinación por parte del Presidente de la República para hacer viable la paz en Chiapas. ``Las expectativas por lograrla podrían considerarse rotas a consecuencia de actitudes deliberadas del gobierno, el cual prefiere fortalecer el surgimiento de grupos paramilitares que se encarguen de golpear y dividir a los zapatistas''.

Las crisis, admitió, han sido parte de todo el proceso de negociación, ya que, a partir del inicio formal de las negociaciones en San Andrés, en más de una ocasión elementos ``extraños'' amenazaron el diálogo, sin éxito. Sin embargo, dijo, en este momento ese diálogo enfrenta su peor momento, ante la imposibilidad de que en el futuro inmediato se reanuden las negociaciones.

El ``estado de gobernabilidad'' en Chiapas, expresó, ha sido vulnerado. ``Ahora cuentan más el Ejército y la policía que el Congreso''. Por ello, urge coadyuvar para que se alcance un acuerdo marco a fin deque se reinicien las negociaciones y que las partes, especialmente el gobierno, muestren voluntad para encontrar soluciones definitivas al conflicto.

Asimismo, sostuvo que en la periferia del conflicto hay nuevas provocaciones, hechos de sangre y enfrentamientos que afectan el clima social en el estado de Chiapas, como lo muestra el choque del sábado entre zapatistas y priístas.

Recordó que el diálogo está suspendido desde el pasado 29 de agosto, fecha en que el EZLN planteó seis condiciones para su reanudación. Desde agosto hasta diciembre de 1996 los zapatistas aceptaron el formato de reuniones tripartitas EZLN-Conai-Cocopa, con el propósito de atender cada una de estas condiciones y se hiciera posible el retorno a San Andrés.

Se atendieron el tema de los presos y el de la Comisión de Seguimiento y Verificación, pero no se abordaron el de un interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, el de nuevas propuestas para la mesa de democracia y justicia ni el del clima de persecución y hostigamiento en contra de indígenas chiapanecos. El tema relativo al cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas quedó inconcluso, hecho que llevó a la actual crisis.

Violaciones y hechos de sangre en cuatro municipios

En otro sentido, la Cocopa documentó violaciones a las garantías individuales en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, como la obstrucción del libre tránsito con retenes civiles, homicidios, desapariciones y destrucción de viviendas, cosechas y documentos: ``todo ello, hecho por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con apoyo de Seguridad Pública''.

En Tila se han reportado 11 homicidios, entre ellos, de tres menores de edad, incluidas dos niñas de 13 y 15 años, ambas secuestradas por 10 días, torturadas y violadas antes de ser asesinadas. No se levantaron actas y todos los agresores gozan de total libertad.

En los tres municipios restantes se reportan 53 niños huérfanos, 10 personas muertas y 11 integrantes de las comunidades presos. Tampoco en estos casos los agresores han sido detenidos.