En 4 años, 85 mujeres asesinadas en Cd. Juárez

Rubén Villalpando, corresponsal /I, Ciudad Juárez, Chih., 18 de abril Ť Cuando el 30 de enero de 1993 un anciano que cuidaba chivas localizó en el Cerro Bola el cadáver de una niña de 12 años de edad, la sociedad de este estado jamás imaginó que comenzaría una serie de homicidios y violencia sexual contra mujeres.

Si bien la cadena de crímenes no llamaría la atención de las autoridades y la opinión pública hasta tres años después, a partir de aquella fecha y hasta el 14 de abril de este año se han encontrado en esta ciudad 85 cadáveres de adolescentes y niñas violadas, y en muchos casos mutiladas.

Las características comunes, además de su juventud, son que provenían de familias que vivían en zonas paupérrimas, ubicadas en la periferia de la ciudad, tenían cabello largo y fueron estranguladas o apuñaladas después de violarlas.

De las víctimas registradas durante esos 51 meses, 20 eran adolescentes y niñas menores de 15 años de edad y el resto no rebasaba los 22 años. Cada 18 días, en promedio, se encontró una mujer ultimada. La Policía Judicial del Estado (PJE) sólo ha aclarado 14 de los casos.

De los homicidios, el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif estuvo presuntamente involucrado en 19, que ocurrieron entre agosto de 1995 y marzo de 1996. Siete más se han atribuido a familiares y conocidos de las víctimas y otros tantos a la banda de Los rebeldes, un grupo de diez muchachos vestidos con el atuendo característico de los pandilleros locales conocidos como cholos y que estarían al servicio del extranjero.

La organización Mujeres 8 de Marzo, que dirige Esther Chávez Cano, proporcionó el número total de 85 mujeres localizadas sin vida. Chávez Cano señaló que las autoridades han minimizado el problema, ``porque no han aclarado ni 20 por ciento de los homicidios''. Los asesinatos de jóvenes cometidos hasta agosto de 1995 no llamaron mucho la atención porque al no ser localizados los cuerpos en una zona definida eran considerados como ``una muerte más''.

Ese mes, sin embargo, apareció una víctima: Silvia Elena Rivera Morales, de 16 años de edad, estudiante de secundaria y empleada de una zapatería, que salió a trabajar y ya no regresó a su casa. Dos meses después de que desapareció fueron hallados sus restos en una zona desértica conocida como Lote Bravo.

Otra de las víctimas fue Olga Alicia Carrillo Pérez, de 17 años de edad, activista del PAN, quien fue secuestrada al salir de una asamblea realizada en la sede de ese partido. La familia de la joven presionó a las autoridades a través de líderes panistas, por lo que la investigación se aceleró.

A partir de ahí, la opinión pública comenzó a preocuparse y a exigir a las autoridades, en especial a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Policía Municipal, el cumplimiento de sus responsabilidades. Las madres de las víctimas identificadas demandaron la atención de la sociedad civil, que se organizó en diez grupos para luchar contra la violencia y terminar con la impunidad.

Bajo esa presión estaban los cuerpos policiacos cuando el 9 de noviembre una sexotrabajadora, conocida como Blanca, acusó al egipcio Sharif Sharif de haberla secuestrado y de intentar violarla en una residencia del exclusivo fraccionamiento Rincones de San Marcos.

El jefe del grupo investigador del caso, Francisco Minjares, intervino en la detención del extranjero y después de una investigación al vapor citó a la prensa y presentó al egipcio como autor material de siete de los asesinatos que hasta ese momento se habían descubierto.

Minjares aseguró que testigos circunstanciales habían visto al egipcio acompañado de cuando menos tres de las víctimas, una de ellas, Elizabeth Castro, de 16 años de edad. Agregó que las jóvenes muertas no eran ``blancas y puras'' como aseguraban sus padres, ``pues se prostituían en bares y cantinas del centro de la ciudad'' donde conocieron a Sharif. Esta versión fue desmentida por familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo de las menores.

Sin embargo, aun cuando el egipcio estaba preso, seguían apareciendo cuerpos sin vida en el Lote Bravo, Cerro Bola, Lomas de Poleo, Granja Santa Elena, Carretera Casas Grandes y en algunos otros lugares de los suburbios de la ciudad, sin que la policía montara operación alguna para descubrir quiénes tiraban los cadáveres en esos lugares.

Destacaban los siete cadáveres localizados en Lomas de Poleo y los once de Lote Bravo, pues el o los asesinos dejaron indicios que hicieron pensar fueron cometidos por la misma persona: zapatos atados en forma ordenada, lugares específicos para tirar los cadáveres y la mutilación de senos u otras partes del cuerpo.

Dos jueces penales decretaron que no había pruebas contra el egipcio y el caso de la sexotrabajadora se vino abajo porque se demostró que nunca fue violada.

Los abogados de Sharif reconocieron que su cliente era el acusado ideal: no tenía familia en Ciudad Juárez, se trataba de un extranjero con antecedentes penales por haber violado a su esposa en Nueva York y acudió a los bares y cantinas donde fueron detenidos Los Rebeldes.

En abril de 1996 la serie de homicidios pareció llegar a su fin cuando unos 200 agentes de la PJE acordonaron dos manzanas de la zona de prostitución de la ciudad y detuvieron a diez integrantes de una pandilla, desconocida hasta ese momento, que se hacía llamar Los Rebeldes.

Estos fueron acusados formalmente por siete crímenes cometidos en Lomas de Poleo, presuntamente por orden de Sharif, de quien se dijo les pagaba 2 mil dólares por víctima.

Se les acusó de estar involucrados en todos los homicidios, pero el juez penal, por las pruebas testimoniales que se le aportaron, los incriminó en sólo cuatro de los casos.

Astrid González, presidenta del Comité de Lucha Contra la Violencia, formado a raíz de estos acontecimientos, aseguró que ``hubo una gran incapacidad policiaca para aclarar los casos y no se contó con personal especializado que identificara a las víctimas, pues fueron localizadas después de que las comieron animales depredadores''.

González calificó de ``indignante'' que la policía tratara de desvirtuar el problema, y dijera que las jóvenes llevaban una vida doble, la que los familiares conocían de ellas y la de la vida nocturna.

``Lo real'', añadió ``es el alto índice de violencia que se vive en Ciudad Juárez contra las mujeres, que sigue impune por la incapacidad policiaca''.