Bernardo Bátiz V.
Justicia electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), mediante el cual éste ``exhortó'' a las autoridades a no hacer publicidad de las obras que inauguren o entreguen durante el último mes de la campaña comicial. La razón de esta exhortación es obvia: va en contra del vicio, ya casi secular del gobierno, consistente en apoyar a ``su'' partido haciéndole propaganda con la entrega de escuelas, calles pavimentadas, parques, tomas de agua, etcétera, hábilmente entremezcladas con la presencia abierta o tácita de los candidatos oficialistas.

Todo mundo sabe también que, especialmente en zonas pobres y entre marginados, se va más allá de la simple propaganda abusiva y se llega al chantaje y a la franca coerción, condicionando la entrega de obras o la prestación de los servicios necesarios al voto favorable.

Por eso, la exhortación del IFE a las autoridades nos pareció a muchos oportuna y necesaria, una acción mínima de quienes tienen a su cuidado la equidad de los comicios para detener, al menos durante lo más álgido de la lucha electoral, la repetición de acciones inequitativas.

Pero los priístas -que son los beneficiarios de las maniobras a que la exhortación se refería-, legalistas al extremo, ``letristas'' cuando les conviene, impugnaron la recomendación y llevaron el caso al Tribunal Electoral. Ahí, tras un arduo debate, el presidente del mismo dio con su voto, que fue en este caso decisivo, el triunfo a quienes se inclinaron por una interpretación rigurosa y formalista de la ley frente a los que aducían más allá de la letra del código el espíritu de justicia y de equidad.

Prevaleció en este caso el rigorismo formalista de una interpretación de estricto derecho sobre la justicia; se prefirió el valor de la legalidad y no el de la equidad, porque para todo mundo es claro que es mejor para la democracia que la autoridad no haga propaganda en vísperas de elecciones con las obras que se pagan con el dinero de todos en beneficio de un partido.

La verdad legal que ahora prevalece, sin embargo, en mi opinión, puede ser revisada si implicó violación a alguna garantía individual, pero lo verdaderamente importante es que quienes tomaron la resolución a que nos referimos deben meditar que su deber va más allá de aplicar mecánicamente la ley y que sería muy positivo que en el futuro, ante casos similares, recuerden que no traicionarán su alta misión de impartidores de justicia electoral si en casos de frontera o de duda en la interpretación, como éste, ``construyen el derecho'' y resuelven como los probos jueces españoles de la Edad Media, ``a verdad sabida y buena fe guardada''.

Pero si acaso sienten que la ley misma es la que les impide resolver lo mejor para los procesos electorales, podrían entonces seguir el ejemplo del jurista Emilio Krieger Vázquez, quien prefirió renunciar a su cargo antes de aplicar una ley que a su parecer no era justa.