Critica la banca mecanismos judiciales en la recuperación de créditos morosos
Roberto González Amador Ť Los procesos judiciales emprendidos por la banca privada para recuperar créditos morosos se enfrentan a complicaciones que no son propias de un estado de derecho, sostuvo el director general del Banco Nacional de México (Banamex) y vicepresidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Roberto del Cueto Legaspi.
El directivo propuso ampliar y hacer obligatoria la utilización de los burós de crédito para consultar el historial de los solicitantes de préstamos, así como restringir la prestación de servicios financieros a todos aquellos que tengan asuntos pendientes de resolver con cualquier intermediario bancario.
En una crítica a los mecanismos de administración de justicia asociados a los créditos otorgados por la banca, Del Cueto Legaspi aseveró que hoy en día en México se vulnera cotidianamente la seguridad jurídica y, como consecuencia, la confianza de los inversionistas.
Actualmente, apuntó, en los juicios sobre créditos no recuperados por la banca, tanto de personas físicas como de negocios y empresas, ``se presentan una serie de situaciones que no son propias de un estado de derecho''.
El director de Banamex sostuvo que la falta de seguridad jurídica para la operación de la banca privada se ha constituido en uno de los factores que inhiben el sano desarrollo de la actividad bancaria, así como una causa de que se mantengan altas las tasas de interés.
En un ensayo distribuido por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), apuntó que la seguridad jurídica consiste en un marco jurídico que garantice la existencia de los derechos de los individuos, y una autoridad siempre dispuesta a respaldar a esa persona cuando sus derechos sean amenazados o conculcados.
Polémica banqueros vs. deudores
Del Cueto Legaspi sostuvo que no existirá inversión sin la seguridad de poder defender lo que a cada quien pertenece. De lleno en la polémica que ha enfrentado a los banqueros con organismos de deudores y con algunos gobiernos estatales, el funcionario se pregunta: ``¿Quién presta sin contar con el recurso de la ley y los tribunales en caso de falta de pago?''.
Con su postura, el director de Banamex retomó el debate comenzado en marzo por Antonio del Valle, presidente de la ABM, quien sostuvo que existen varios gobiernos y tribunales estatales que al promover leyes a favor de los deudores ``han fomentado la cultura del no pago''.
Insistente en su tesis de que en México no existe seguridad jurídica plena para la banca, Del Cueto Legaspi afirmó que ``atrás de esas situaciones, arropado por una pretendida equidad social, se encuentra el deseo de ciertas autoridades o grupos de defender al deudor de sus acreedores y, de esta manera, tratar de evitar conflictos sociales o con ciertos empresarios''.
Aun cuando cualquiera puede entender la postura de esas autoridades y organismos de deudores, añadió, sus efectos a mediano plazo son desastrosos y terminan por causar más mal que bien a toda la sociedad y, en particular, a aquellos que pretenden ayudar.
Para fortalecer su idea, señaló que no todos los ciudadanos de un Estado son deudores y que, entre los que sí lo son, unos pagan y otros no. Entonces, cuando se impiden u obstaculizan los procedimientos judiciales de cobro forzoso, se privilegia a unos cuantos en perjuicio del resto de los ciudadanos, ``los cuales no usufructan bienes o servicios adquiridos con recursos ajenos, sin haberlos pagado''.
Así, afirmó, decisiones de carácter judicial que protegen a deudores morosos representan un trato injusto e inequitativo en contra de la gran mayoría de deudores que sí cumplen con sus obligaciones.
``Actitudes de este tipo pueden tener efectos deseables en el corto plazo, pero muy perjudiciales a la larga. Difícilmente, algún banco prestará donde se niega la impartición de justicia a las instituciones financieras, extremo que pudiera comprometer seriamente el desarrollo futuro de la región donde se dé ese fenómeno''.
Al respecto, dijo, es necesario continuar perfeccionando los burós de crédito y la regulación aplicable a su uso por entidades crediticias, instruyendo la obligatoriedad de su consulta tanto en el otorgamiento de créditos nuevos, como en la renovación de los vigentes.
Además, deben ser establecidas restricciones a la prestación de servicios financieros a todos aquellos que tengan asuntos pendientes que resolver con cualquier intermediario, de tal manera que se premie al deudor responsable y se excluya de los beneficios del sistema financiero a aquellos otros que no observen una ``conducta ética'' en relación con sus compromisos crediticios.