Es preocupante el señalamiento formulado ayer por el director adjunto de Bancomer, Héctor Rangel Domene, en el sentido de que hay, por parte de la banca privada, una ``avidez por prestar dinero'', palabras cuya veracidad se confirma por la creciente reactivación de mecanismos de crédito al consumo por parte de diversas instituciones bancarias.

Debe considerarse que, en la circunstancia presente, la recuperación económica es aún precaria, se circunscribe al ámbito de los indicadores macroeconómicos y dista mucho de haber llegado a los sectores mayoritarios de la población. En este contexto, el otorgamiento de créditos al consumo no es sólo una tentación para la banca privada sino también una posible salida desesperada a la cual podrían recurrir millones de mexicanos depauperados para cubrir la quincena.

De parte de los bancos, la ``avidez'' a la que hace referencia Rangel Domene podría dar pie a una política de otorgamiento indiscriminado de créditos, tan poco responsable como la que se puso en práctica en los primeros cuatro años de esta década, y que generó el grave problema de cartera vencida de la banca y el endeudamiento que hoy padecen importantes sectores de la sociedad, por más que el ejecutivo bancario asegure que tal problema está ``acotado''.

Esto depende de qué lado se observe el asunto de la cartera vencida. Acaso la banca privada haya logrado superar la crisis que provocó la insolvencia de centenares de miles de sus deudores, pero éstos, en su mayor parte, no han corrido con igual suerte. El director del Banco de Comercio Exterior, Enrique Vilatela, señaló que el empresariado nacional no ha logrado asimilar ni resolver esta situación.

No cabe duda que la reactivación crediticia debe empezar por los recursos orientados a la inversión productiva, y no sólo a las grandes empresas. En esta perspectiva, los beneficiarios de los créditos han sido más prudentes que los prestamistas. Así lo indica el hecho de que, como lo informó Vilatela, la demanda de recursos bancarios por parte del sector productivo es ``escasa y a cuentagotas''.

En otro sentido, la reactivación señalada debería ir acompañada del establecimiento de mecanismos de protección y compensación --para los deudores, en primera instancia, y a la larga, también para los acreedores-- ante casos de elevación brusca de los intereses, como ocurrió a raíz de la crisis desencadenada en diciembre de 1994.

Asimismo, sería necesario que la normalización del crédito en el país se desarrollara bajo las bases de una mentalidad crediticia ajena a las prácticas usureras, y de una cultura legal y social que aún no han permeado a las instituciones bancarias del país, como parece indicarlo la declaración del vicepresidente de los banqueros, Roberto del Cueto Legaspi, según el cual los procesos judiciales en curso relacionados con problemas de cartera vencida se apartan, a favor de los deudores, del estado de derecho y se ven influidos por ``una pretendida equidad social''.

En lo general, en tales procesos ha ocurrido exactamente lo contrario de lo que afirma Del Cueto Legaspi: los bancos han pretendido ignorar disposiciones legales que prohiben la capitalización de los intereses, la ley se ha aplicado con todo rigor contra los deudores y el gobierno ha destinado recursos multimillonarios no para auxiliar a quienes se ven imposibilitados para cubrir deudas que de la noche a la mañana se duplicaron, triplicaron o cuadruplicaron, sino para salvar de la quiebra a las instituciones bancarias.