Sedena: campaña de desprestigio de los Arellano Félix contra el Ejército

Jesús Aranda Ť El Ejército enfrenta una campaña de desprestigio de parte de los hermanos Arellano Félix, quienes han pretendido involucrarlo en la comisión de actos ilícitos, como fue el secuestro del presunto narcotraficante Rómulo Rico Urrea, ocurrido el 25 de septiembre de 1996, se revela en un documento secreto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el texto confidencial --al cual tuvo acceso La Jornada y forma parte de la averiguación previa 095/MP/INCD/97, relacionada con el presunto involucramiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo con el tráfico de drogas-- se precisa que las fuerzas armadas deben responder a esos infundios de la manera siguiente:

``Negar la participación del Ejército en la detención ilegal de Rómulo Rico Urrea --ocurrida el 25 de septiembre de 1996 en Culiacán, Sinaloa, y en la que se inculpa al ex colaborador de Gutiérrez Rebollo, el capitán José Horacio Montenegro Ortiz.

``Negar que los señores José Horacio Montenegro Ortiz y Roberto González pertenecen al Ejército Mexicano o que colaboren con éste.

``Autorizar que la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) investigue al capitán Montenegro en los hechos que se mencionan del 7 de noviembre de 1996 --fecha en la que el subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Luis Humberto López Portillo Leal, por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional, ordenó la investigación del secuestro de José Rómulo Rico Urrea.''

El documento fue elaborado por la Sedena luego de que en octubre surgió la versión de que ``civiles y militares'' eran los responsables del secuestro.

Así, el 6 de noviembre, por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, y en respuesta al oficio 1493, girado el 20 de octubre de ese año, la Procuraduría General de Justicia Militar recibió la orden de comenzar la averiguación correspondiente.

En el expediente mencionado se encuentra también la copia del oficio 1493, girado por López Portillo Leal, quien exige que se ordene la remisión de la copia fotostática de una agenda que fue localizada en el auto de Rico Urrea, y que se presume perteneció a un sargento adscrito en aquel entonces a la V Región Militar que comandaba Gutiérrez Rebollo.

El caso Montenegro

La documentación citada forma parte de la averiguación previa SC/06/96/XE de la Procuraduría Militar.

Cuando Cervantes Aguirre anunció el 28 de febrero pasado las acusaciones en contra de Gutiérrez Rebollo, dijo que Montenegro Ortiz, ex director de Seguridad Pública de Guadalajara y ex colaborador de Gutiérrez en el INCD, estaba acusado de participar en el secuestro de Rómulo Rico Urrea, quien aún continúa desaparecido.

El 20 de febrero, cuando Montenegro rindió su declaración ministerial en el juzgado del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, reconoció saber que Rico Urrea y su familia ``se dedican a las actividades del narcotráfico''.

Añadió conocer al general brigadier de apellido Cardona, que trabaja como asesor del INCD y quien los puso en contacto --a Montenegro y Gutiérrez Rebollo-- para que conocieran a Rico Urrea; ``que la familia de Rico Urrea visitó al general Gutiérrez Rebollo en sus oficinas del INCD y éste le ordenó a unos licenciados que los asesoran, pues estaban muy preocupados porque Rómulo estaba desaparecido''.

En el curso de las investigaciones, la Procuraduría Militar encontró culpable a Montenegro de participar en el citado secuestro, razón por la que se le sigue proceso. Siendo aún comante de la V Región Militar, con sede en Guadalajara, el 24 de julio de 1996 Gutiérrez Rebollo emitió un boletín de prensa que decía:

``La comandancia de la V Región Militar se deslinda públicamente de cualquier tipo de relación con José Horacio Montenegro Ortiz, quien para desempeñar un cargo en el medio civil solicitó su baja del Ejército Mexicano, la cual implicó su separación definitiva del instituto armado y ello conlleva, en todos los casos, la pérdida del derecho a usar uniformes, condecoraciones y divisas militares.''

Tres meses y medio después, el Estado Mayor de la Defensa Nacional ordenó que la PGJM investigara al capitán Montenegro en relación con el caso Rico Urrea.