La decisión de liberar el mercado del maíz, anunciada ayer por el subsecretario de Comercio Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Israel Gutiérrez Guerrero, tiene significaciones que es pertinente comentar.

Por principio de cuentas, la determinación implicará una significativa reducción de las ya de por sí menguadas funciones de Conasupo --dependencia estatal que, hasta ahora, era compradora y vendedora única de granos básicos en el país-- y, por consiguiente, un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento de esta paraestatal.

De acuerdo con la nueva medida, Conasupo conserva únicamente tres funciones sustantivas: por una parte, centralizar las importaciones de maíz, sorgo, frijol y --a través de Liconsa-- leche en polvo, con el propósito de satisfacer la demanda interna; por la otra, canalizar los subsidios a los productores de tortilla. Este limitado ámbito de atribuciones contrasta con la importancia que llegó a tener la entidad en el abasto alimentario del país, en el almacenamiento de granos, en el establecimiento de garantías para productores agropecuarios y en el apoyo al consumo de los sectores populares, entre otros.

En esta perspectiva, el achicamiento de la dependencia no es un mero asunto administrativo, toda vez que ha tenido, y seguirá teniendo, consecuencias por demás negativas en el nivel de vida de los sectores mayoritarios de la población.

En otro sentido, la transferencia de los subsidios al ámbito del libre mercado --ya que ahora Conasupo los cubrirá a los productores de tortilla una vez que documenten sus adquisiciones de maíz-- puede ser una determinación correcta, en la medida en que traslada los costos financieros de esas operaciones a los mismos productores, los cuales habrán de adquirir el grano mediante sus propios recursos.

En cambio, no es necesariamente esperanzadora la posibilidad, prevista por Gutiérrez Guerrero, de que como consecuencia de las nuevas disposiciones, ocurra un ``desplome'' de los precios del maíz. Si bien un fenómeno de esa naturaleza podría, en el corto plazo, inducir una reducción en los precios del grano y producir de esa forma un beneficio para los consumidores, las consecuencias para los productores de maíz serían desastrosas. Y no sólo para ellos: si se desalentara o, peor aún, si se volviera inviable la producción nacional de ese grano, se incrementaría la dependencia alimentaria del país con respecto al extranjero, se agravaría la de por sí angustiosa situación en el agro y se generaría un factor adicional de riesgo a la soberanía nacional.