La Jornada 26 de abril de 1997

El acto indígena, ``una provocación'', afirmó el grupo paramilitar

Juan Balboa y Angeles Mariscal, corresponsales Ť La marcha caravana de los desplazados de la zona norte de Chiapas retrasó seis horas su salida de la cabecera municipal de Salto de Agua, por el constante patrullaje y el hostigamiento que realizó en su contra el grupo paramilitar priísta Paz y Justicia alrededor de Jolnixtié, en el municipio de Tila.

En tanto, Samuel Sánchez Sánchez, dirigente de Paz y Justicia, afirmó en Tuxtla Gutiérrez que el grupo paramilitar considera como ``una provocación'' la movilización de los desplazados.

Los 300 indígenas que participan en la Marcha Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad Wejlel arribaron el viernes por la noche a la ciudad de Ocosingo, en donde los recibieron cientos de indígenas y campesinos de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), y la fracción independiente del consejo del ayuntamiento del municipio.

Los desplazados de los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua por el grupo paramilitar Paz y Justicia exigieron la liberación de todos los presos políticos del movimiento conocido como ``La voz de Cerro Hueco''; el retiro inmediato del Ejército federal de la zona, así como de las policías de Seguridad Pública y del Estado de la zona Norte y Altos de Chiapas; y el desarme de Paz y Justicia.

Juan Vázquez, integrante del consejo municipal de Ocosingo, dio la bienvenida a la marcha caravana que mañana partirá a Tuxtla Gutiérrez.

``También las demandas de ustedes son nuestras demandas, por eso manifestamos nuestra más enérgica protesta contra el gobierno federal y estatal, que tolera y alienta las condiciones de violencia entre las comunidades'', dijo Vázquez.

Los indígenas que participan en la marcha caravana enviaron a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas de Chiapas y México, al Frente Zapatista de Liberación Nacional y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, un escrito con dieciséis demandas que los gobiernos federal y estatal deberán cumplir para levantar su plantón en resistencia civil y pacífica.

En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, el diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez, dirigente de Paz y Justicia, afirmó que la marcha que los indígenas desplazados de la zona norte realizan rumbo a la capital del estado ``es una provocación hacia nosotros''.

El líder del grupo añadió que hasta este momento la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha querido reconocer a Paz y Justicia como parte de su militancia, ``porque no se quieren manchar permitiendo que se les vincule con un grupo que es señalado como paramilitar''.

En relación a la Marcha Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad Wejlel, Sánchez dijo: ``es parte de una campaña para que la gente crea que ellos son los agredidos, los expulsados; pero ellos fueron quienes provocaron la situación que los hizo salir de sus poblaciones''.

No obstante lo anterior, el dirigente de Paz y Justicia consideró positivo que como un primer paso para resolver por la vía política las diferencias, uno de los principales representantes de los desplazados --Manuel Pérez García-- se registrara como candidato perredista externo para contender por una diputación federal.

``Fue una excelente decisión. El PRI cometió un error al imponer un candidato ajeno a las comunidades (Arquímides León Ovando); los indígenas priístas de la región nos sentimos dolidos porque no nos tomaron en cuenta'', concluyó Sánchez Sánchez.