Miguel Concha
Tapar el sol con un dedo

Todo indicaba que las cosas irían bien. Pero aproximadamente a las 23 horas del miércoles 16 tuvo lugar en Acapulco un hecho lamentable, que echó por tierra los esfuerzos de la Federación Internacional de Ligas de los Derechos del Hombre (FIDH) para realizar una observación in situ en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El suceso fue ya dado a conocer por los medios y los cables de las agencias informativas dentro y fuera del país. Sólo cabe recordar que a Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y a Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana ``José Simeón Cañas'' de El Salvador, les decomisaron con engaños y prepotencia las visas que acreditaban su legal estancia en México, y fueron objeto de otro tipo de abusos que ya fueron comentados.

La Misión de la FIDH estaba también integrada por Franoise Mathe, abogada francesa, y Fernando Mejía, director adjunto de la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra. Con este esfuerzo se pretendía obtener información fiel sobre la situación de los derechos humanos, las competencias y actuación de las policías judiciales y los problemas relacionados con la administración de justicia. Sus miembros ya habían tenido contactos con funcionarios gubernamentales, organizaciones ciudadanas y víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

Como puede observarse, no eran personas improvisadas ni existía una agenda oculta de su misión. Sin embargo, parece que la Secretaría de Gobernación no lo entendió así y decidió impedirla. Tan desafortunada decisión le ha salido muy cara al gobierno. Ahora el mundo entero comenta el hecho y coloca a México casi al mismo nivel de lo que sucedía en el resto de América Latina durante los años 70 y 80, cuando las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos eran imposibles de esconder. A pesar de lo inocultable de aquellos dramas, sus responsables, aquellos regímenes dictatoriales y militares, hacían lo imposible por encubrirlos.

En ese afán por permanecer impunes, los asesinos de Monseñor Romero y sus colegas latinoamericanos formados en la ``Escuela de las Américas'', realizaron en muchas ocasiones diversos ataques contra los intentos de la comunidad internacional por detener la violencia represiva y bélica, y elevar los niveles de respeto a la dignidad humana. En ese marco, el Estado mexicano fue uno de los más importantes abanderados de la causa de los derechos y las libertades fundamentales en esos países, y siempre estuvo del lado de las víctimas, exponiéndose a fuertes presiones de EU. México apoyó procesos de pacificación de otras naciones, e incluso ofreció su territorio para que en él se realizaran las negociaciones y se alcanzasen los acuerdos de paz para El Salvador y Guatemala.

¿Qué ha ocurrido en México para que esa medicina, recetada por nuestro gobierno a los regímenes centroamericanos y del cono sur, no se le quiera ahora aplicar a nuestro propio país? Simplemente que la sociedad de diversas formas ha asumido un importante protagonismo en la defensa y promoción de sus derechos humanos, frente a un Estado cada vez más autoritario. De tal manera que ahora se sabe dentro y fuera de México que la situación de los derechos humanos es sumamente grave, sobre todo en las regiones donde la FIDH intentó realizar la observación más directa.

Al conocer la medida adoptada por la SG, el presidente de la FIDH, Patrick Baudouin, considera que ``las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por la FIDH y objeto de la misión de investigación, tienen fundamento''.

Resulta evidente que con ese tipo de hechos, hoy desafortunadamente no excepcionales, sólo puede pensarse en una actitud que deliberada e inútilmente pretende tapar el sol con un dedo. Pero eso es imposible. Las recientes historias de centro y sudamérica han demostrado que, aunque el gobierno se afane en cancelar todas las visas o impedir la entrada al país de misiones internacionales de observación, si la sociedad ya se ha decidido a luchar organizadamente en defensa de su dignidad, no existen ``recursos migratorios'' para impedir las necesarias y urgentes transformaciones que deben realizarse. No pueden deportar a sus propios ciudadanos.

Más conveniente sería que las autoridades estatales se vayan disponiendo a tomar otro rumbo: a dejar de ocultar las cosas, a ser transparentes y a permitir que el mundo entero observe lo que está ocurriendo en México, para que pueda contribuir de manera positiva a superar la grave situación que nos agobia.