Tras anunciar la designación de Pedro Joaquín Coldwell como nuevo representante del gobierno federal en las negociaciones para resolver el conflicto chiapaneco, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, formuló el propósito de las autoridades de hacer los esfuerzos necesarios para reanudar el diálogo de San Andrés Larráinzar y avanzar en la consecución de una paz con justicia y dignidad en ese estado.

Se abre, en esta circunstancia, una nueva posibilidad para superar los escollos con que ha topado el proceso pacificador, entre los cuales cabe destacar las actitudes equívocas e inapropiadas de la anterior delegación gubernamental, encabezada por el ahora candidato a senador Marco Antonio Bernal.

Cabe recordar, a este respecto, que el actual impasse del proceso negociador tuvo su origen en lo que el propio presidente Ernesto Zedillo describió como fallas de comunicación o malos entendidos entre la representación gubernamental en San Andrés y los niveles superiores del Ejecutivo. Así, cuando la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) presentó una iniciativa de ley en la que se plasmaban los acuerdos a los que habían llegado la dirigencia zapatista y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígenas, las autoridades hicieron de lado tal documento y presentaron una versión propia que resultó inaceptable para la dirigencia de la rebelión indígena.

Cabe esperar que el nuevo responsable de la delegación gubernamental mantenga una comunicación más fluida con sus superiores y que adopte, ante la representación zapatista, la Cocopa y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), actitudes más positivas y propositivas que las que tomaron, en su momento, los enviados del gobierno coordinados por Bernal.

Sin duda, una de las más urgentes tareas que habrá de enfrentar Pedro Joaquín Coldwell será la de restituir a la comisión legislativa el margen de maniobra que perdió tras el rechazo, por parte del Ejecutivo, de su propuesta de reformas legales sobre derechos y cultura indígenas. Otra misión, no menos acuciante pero posiblemente más difícil, será poner bajo control a los sectores locales y nacionales que, desde el primero de enero de 1994, se han empeñado en imponer una salida violenta al conflicto y cuyo accionar ha degradado y enrarecido gravemente el clima político de Chiapas.

Ha de entenderse que estos dos puntos son condiciones necesarias para restablecer un ambiente que permita, a su vez, la reactivación del proceso pacificador y su culminación en un plazo razonable.

En esta perspectiva, cabe hacer votos, finalmente, porque el nuevo representante gubernamental para la pacificación de Chiapas sea el depositario de una voluntad política comprometida con el mantenimiento y la consolidación de la paz, con la erradicación de las causas profundas de la insurrección de 1994 y con la construcción de una nueva relación -justa, digna, respetuosa y democrática- entre el poder público del país y los pueblos indígenas.