Hay de debates a debates; es cierto que son necesarios como preludio de un proceso electoral. Los votantes que van a expresar su volunad el día de las elecciones, necesitan previamente hacer un juicio racional acerca de las diversas opciones que tendrán frente a sí, corporizadas en emblemas partidistas con diversos colores y siglas.

Algunos debates han sido duros pero poco edificantes, por ejemplo el que se dio entre el PRI y el PAN respecto de cuál de las propiedades de Punta Diamante costaba más dinero, si los terrenos de Diego o el departamento del doctor Zedillo o aquel otro que provocó el violento despido del procurador general de la República, motivado por el hecho penoso de la falsedad de la osamenta encontrada en la finca El Encanto.

Pero hay otros debates que se ponen interesantes; uno de ellos es el que han sostenido en forma epistolar el jefe del Ejecutivo y el presidente del Partido de la Revolución Democrática sobre los derechos que tiene un funcionario público de manifestarse en favor del partido al que pertenece o que le convence. De este intercambio de puntos de vista ha quedado claro, por una parte, que todo ciudadano aunque sea funcionario puede participar en política en favor del grupo al que pertenece, pero también que le está vedado usar bienes, recursos, personal o tiempo que pertenecen a todos y que sirve para que el funcionario cumpla la misión que se le encomendó.

Lo más valioso de todo esto es que va quedando claro que en una república, un funcionario no es sino un ciudadano más que temporalmente recibe una encomienda de sus conciudadanos. Otro debate político, que en este momento toma importancia, es el de la gobernabilidad o no para el caso de que triunfe la oposición en el gobierno del Distrito Federal o tenga mayoría en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión.

La propaganda oficial en forma nunca vista antes, anuncia abiertamente desgracias, la pérdida de bienes personales, estudios y otras cosas si ganan los opositores que, según esa propaganda, buscan soluciones ``mágicas''.

El verdadero marco de la discusión lo está dando sin embargo, el documento denominado ``Una ciudad para todos'', que presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como resultado del trabajo de un equipo de especialistas y a la manera de plataforma de gobierno o propuestas para el inicio de la solución de los problemas de la capital del país.

Esta ``otra forma de gobierno'' no tiene nada de ``mágico''; por el contrario, parte de una observación realista de la ciudad y su entorno, y adelanta principios y propuestas de solución que merecen ser discutidas. Para ello, los organizadores de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas han programado una serie de foros en el que presentan su propuesta pero en la que principalmente escuchan a ponentes que no forman parte de su equipo y a simples ciudadanos que aportan ideas y sugerencias de las que toman nota.

No se trata de una repetición de los desgastados foros de consulta, porque se parte no de cero sino de un programa que puede ser enriquecido y que abarcará los primeros cien días de gestión del gobierno, en el que se proponen varias acciones concretas encaminadas a darle sustento al resto del plan de gobierno citadino.

Mencionaré al menos algunas de estas conclusiones para destacar el contraste entre debate y debate. Una de ellas propone la creación de consejos consultivo de desarrollo delegacional; otra será una iniciativa de modificaciones al Código Financiero de la entidad; otra más, la iniciativa de ley de planeación del desarrollo del Distrito Federal.

Las propuestas están hechas; el marco del debate está preparado. Tienen la palabra los voceros oficiales y sus propagandistas para que la opinión pública sepa si se trata de soluciones ``mágicas'' o bien si son propuestas viables para empezar a resolver lo que ellos con magia o sin ella no han podido, no digamos solucionar, sino ni siquiera plantear a cabalidad.