En vísperas de la visita de Estado del mandatario estadunidense, William Clinton, a nuestro país, el presidente Ernesto Zedillo formuló una advertencia significativa. Su gobierno, señaló, rechazaría, de manera enfática y contundente, cualquier ultimátum que Washington pretendiera imponer a México en materia de combate a las drogas.
Para ponderar esta afirmación, es pertinente revisar en líneas generales los problemas más acuciantes que se presentan en los vínculos entre ambos países en la circunstancia presente.
Asuntos como la migración de connacionales al vecino país del norte, el comercio de bienes y servicios, el combate a la delincuencia organizada, la cooperación en materia económica, tecnológica y cultural y, a últimas fechas, la delimitación clara de la soberanía de las aguas territoriales de cada país para prevenir potenciales conflictos en torno a los yacimientos petrolíferos recién descubiertos en el golfo de México, son los temas que debieran ser atendidos y resueltos por los mandatarios a fin de relajar las tensiones que, con frecuencia, se producen en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, hay que recordar que los gobiernos de ambos países enfrentan severas limitaciones para ventilar, de manera eficiente y puntual, esta agenda.
La visión imperial e injerencista inherente a la política exterior de Estados Unidos; las actitudes xenófobas, racistas y antimexicanas de importantes núcleos sociales y políticos del país vecino, así como la multiplicidad de instancias de interlocución con los poderes públicos estadunidenses, y las no siempre convergentes posturas entre éstas, enturbian continuamente los intentos de aproximación tolerante y respetuosa. Igualmente, la amplia cadena de intereses políticos y comerciales existentes en grupos con gran influencia en los poderes Ejecutivo y Legislativo estadunidenses, han generado irritantes tensiones en asuntos como el intercambio comercial y han provocado un severo enrarecimiento del ambiente bilateral, como sucedió con la certificación de la lucha mexicana contra las drogas.
Por su parte, el gobierno mexicano está acotado por la fuerte dependencia económica que ha desarrollado nuestro país hacia Estados Unidos, así como por el escaso margen de maniobra de que dispone ante la comunidad financiera internacional, en la que Washington tiene un peso decisivo; asimismo, su capacidad negociadora ante la nación vecina se ha visto disminuida por el creciente deterioro institucional, fenómeno que tiene su más preocupante expresión en la ineficacia y la corrupción que afectan a nuestros aparatos de justicia y en la consiguiente pérdida de control sobre procesos judiciales que habrían debido emprenderse en nuestro país y que, sin embargo, han sido o están siendo ventilados en cortes estadunidenses.
Estas circunstancias adversas desempeñan, sin duda, una función importante en la gestación de las periódicas crisis en las relaciones bilaterales y originan muchas de las distorsiones con que se abordan los asuntos de mutuo interés.
Ayer mismo el gobernador de California, Pete Wilson, dio un ejemplo puntual de esta clase de percepciones equívocas, cuando atribuyó el flujo migratorio a un presunto ``fracaso'' de Washington y de México en controlar el fenómeno, como si éste fuera un mero producto de la incapacidad de ambos gobiernos y no el resultado de una asimetría social y económica estructural e irresoluble en el corto plazo.
Frente a los problemas que, desde ambos lados del río Bravo, obstaculizan el desarrollo de una relación bilateral equilibrada, respetuosa y fluida, sería deseable que la próxima visita del mandatario estadunidense fuera proyectada por los círculos de poder de Washington como una oportunidad para despejar tensiones, falsas apreciaciones y la interferencia de asuntos estrictamente internos de cada país en la relación binacional. Si Clinton llega a nuestro país con este espíritu, su estancia será sin duda constructiva y provechosa. Si, por el contrario, el jefe de la Casa Blanca pretende venir a imponer condiciones, ejercer chantajes o a cobrar los dividendos de su ``alta inversión política en México'', a la que hizo mención el académico californiano Peter Smith, su presencia daría lugar a nuevos desencuentros, agravios y tensiones.