Semarnap: los programas de apoyo en zonas marginadas, ``políticos'' y para aislar violencias

Matilde Pérez Ť Los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proder) tienen una idea ``profundamente política'', ya que con ellos se pretende aislar los procesos y expresiones violentas al abrir espacios legales a la participación de las organizaciones sociales; con ello se fortalecerá la autonomía regional y ofrecerán alternativas de desarrollo, explicó el director de Programas Regionales de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Carlos Toledo Manzur.

Con los Proder también se busca, señaló el funcionario, concluir la disputa por el desarrollo regional que se da entre instituciones gubernamentales, mediante la articulación de los diversos mecanismos que tienen las secretarías de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Salud, Reforma Agraria y Educación Pública, así como del Instituto Nacional Indigenista y los gobiernos de los estados y municipales.

La intención es terminar con la dispersión de los recursos económicos y de sus instrumentos para adecuarlos a las necesidades de indígenas y campesinos de las regiones más apartadas. Además, los proyectos deberán ir más allá de periodos sexenales, ya que los procesos de maduración van de 4 a 10 años, abundó.

Autonomía regional, comentó, ``no la entendemos como una acción separatista, sino como una acción para impulsar el desarrollo y trascender el periodo en que se intentaba atender a los pobres y marginados con infraestructura social, pero sin tomar en cuenta la producción''.

Esa autonomía es una decisión consensada entre los consejos regionales, donde participan todas las fuerzas sociales y de gobierno para decidir en qué tipo de producción o de infraestructura invertir los recursos. Es, resumió, ``un acuerdo de fuerzas'' que busca terminar con la subordinación política-clientelar, romper con el corporativismo gubernamental e impulsar acciones corresponsables entre los actores sociales y las instituciones.

En este contexto, también se piensa en la posibilidad de cambiar las leyes de planeación nacional y estatales para que los consejos regionales sean figuras legales dentro de los comités de Planeación y Desarrollo. ``Este no es un asunto a corto plazo, porque está a discusión que los consejos opten por el libre mercado o por la planificación descentralizada''.

Las regiones consideradas prioritarias por la Semarnap para impulsar los programas regionales --que este año tendrán un presupuesto directo de 30 millones de pesos erogados por dicha dependencia-- son: la comunidad lacandona, la región de Marqués de Comillas, las cañadas de Ocosingo y la costa, en Chiapas; Chimalapas, Chinantla y la Mixteca, en Oaxaca; regiones de la Montaña y la Costa Grande, en Guerrero; 13 municipios del estado de México y Michoacán, donde se localiza la mariposa Monarca; la región purépecha, en Michoacán; Manantlán, Jalisco; sur de Sonora, la región del semidesierto de Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; el Valle del Mezquital, Hidalgo; las Huastecas de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo; el sur del Distrito Federal; Tehuacán y Cuicatlán, Puebla, y Los Tuxtlas, Veracruz.

Los planes productivos sugeridos en los programas de transformación comunitaria en 100 comunidades, localizadas en 21 regiones, no buscan sólo atender la infraestructura social, sino lograr una nueva articulación con los mercados urbano-industriales para una mejor armonía entre la naturaleza y el conjunto de recursos útiles para la producción.

Toledo Manzur puntualizó que no serán programas generales, sino ``prototipos regionales'' que ofrezcan alternativas de desarrollo agrícola, pecuario y forestal. Por ejemplo, en la región de Los Tuxtlas y en la región purépecha se estudia la posibilidad de sembrar especies nativas junto con otras comerciales, pero adecuadas al tipo de suelo.

Otra alternativa para regiones como la Lacandona es ``legalizar'' el tráfico de algunas especies de animales como ``uso sustentable de un recurso natural''. Esta propuesta está en discusión, pues la comercialización de especies requiere investigación, recursos administrativos y una fuerte inversión.

Este año se trabajará en otras 15 regiones del país para cubrir el requisito de que cada estado --excepto Nuevo León y Tlaxcala, que aún no responden a la propuesta-- tenga una región prototipo y a partir de ésta extender los programas de transformación comunitaria.