Detrás de abusos, políticas avaladas por EU: M. Acosta

Rosa Icela Rodríguez Ť Tras señalarle a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albrigth, que ``el disfrute de los derechos humanos está indisolublemente ligado a la autodeterminación económica y política de todas las naciones'', Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, demandó a Estados Unidos que se acepte la jurisdicción plena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en favor de los derechos de todos los pueblos.

En una carta a la funcionaria estadunidense, la activista dice que la relación entre México y Estados Unidos es una de las más complejas e intensas. ``Somos opuestos pero no antagónicos. Tenemos muchos problemas propios y muchos en común, pero la solución de éstos no está en subordinarse a los intereses hegemónicos, económicos, políticos y militares de Estados Unidos, sino en el respeto mutuo y en el ejercicio pleno de nuestra soberanía como pueblos''.

Acosta agradece la oportunidad de dialogar con la secretaria de Estado, lo cual considera ``una distinción y un honor'', ya que las organizaciones sociales que promueven la democracia ``somos acosadas y reprimidas por miembros del gobierno mexicano y sus personeros''.

Le dice también que el trato que el gobierno mexicano da a las organizaciones no gubernamentales es ``grotesco'', pues las tilda de ``agentes dedicados a desestabilizar y destruir las instituciones nacionales'', pero a pesar de esa ``mala fe'', las críticas no han logrado desprestigiar su trabajo.

``El problema para este diálogo --señala-- reside en que muchas políticas impulsadas por su gobierno (el de Estados Unidos)han tenido efectos graves para los derechos humanos en México'', en una crisis ``que abarca desde el empobrecimiento acelerado del entorno natural y de la inmensa mayoría de la población, hasta el deterioro institucional y el incremento de la violencia y corrupción''.

Desde hace 20 años, dice, las políticas ``pretendidamente coercitivas'' que se han aplicado las diseñó en Estados Unidos una pequeña élite que se ha adueñado del poder político e impide a gobiernos democráticos la posibilidad de buscar una alternativa económica distinta.

Ultimamente ``esa élite ha estado dispuesta a cambiar un poco para que todo siga igual'', pues promete elecciones menos desiguales que antes.

Aseguró que la política del gobierno mexicano, con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos, no es el camino para lograr la estabilidad política y social que México necesita, sino todo lo contrario: ``sólo nos desestabiliza como sociedad y como nación''.

Reclamó por las presiones para privatizar los recursos naturales, en materia de migración y sobre la procuración y administración de justicia. ``Es realmente alarmante su insistencia en encarar el problema de narcotráfico como una guerra contra las drogas y en militarizar las seguridad pública con el pretexto de combatir la delincuencia organizada. Esas políticas que ha originado su país se aplican aquí con especial virulencia, pues sirven como pretexto para reprimir la protesta social y política que crece día con día''.

``La protesta y la inconformidad social, una condición normal de cualquier país democrático, son equiparables a un delito que se persigue de oficio'', dijo y agregó que todos los problemas sociales y actos criminales y sus expresiones se resuelven por igual con la lógica de la fuerza policiaca y militar.