Solapa ilícitos la Judicatura: juez de distrito

Jesús Aranda Ť El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Visitaduría Judicial (órgano auxiliar de éste) no han cumplido con su obligación de combatir la corrupción; al contrario, en casos concretos se han distinguido por solapar y premiar a quienes se han visto involucrados en hechos delictivos, denunció Humberto Ortega Zurita, juez sexto de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con el expediente 8/95 del CJF --del cual tiene copia La Jornada--, el juez Ortega interpuso una acción de denuncia administrativa en contra del consejero de la Judicatura Federal, Luis Gilberto Vargas Chávez, por ``desvirtuar, manipular y mistificar hechos denunciados'' contra jueces y magistrados amigos de él. Advierte que con actitudes como esas, ``difícilmente podrá obtenerse la rectitud y honorabilidad en la impartición de justicia en el país''.

La ineficacia del CJF en sus dos años de existencia, precisa el juez con casi 20 años de labor, es reflejo de la forma como se incorporan los representantes judiciales al Consejo de la Judicatura Federal --integrado además por del presidente de la Suprema Corte, dos representantes del Senado y uno del Presidente de la República--, ya que la selección de ``consejeros judiciales'' depende del ``factor suerte'', pues son designados por insaculación, ``sin investigar sus antecedentes'', propiciando así ``el estado de cosas existente con miras no a erradicar la corrupción, sino a mantenerla latente''.

Al asumir, el 22 de mayo de 1995, el juzgado sexto de distrito en Salina Cruz Oaxaca, detectó la sustracción y cobro indebido de diversos billetes de depósito y el uso ilegal de armas de fuego, droga y vehículos incautados por un valor aproximado a los cuatro millones de pesos (al cambio actual).

Envió la queja al Consejo de la Judicatura inmediatamente y como consecuencia de ello fue objeto de amenazas personales y contra su familia, así como de acusaciones ``calumniosas anónimas'', las cuales conoció en su momento el visitador general del Consejo, Julio Humberto Hernández Fonseca.

El visitador general realizó una inspección en el juzgado. Sin embargo, Ortega señala en la denuncia administrativa que ``tanto el juez como el secretario suspendidos guardan vínculos de amistad estrecha y compadrazgo con Julio Humberto Hernández Fonseca'' y que después de que sucedieron esos hechos se desató una campaña de desprestigio en su contra que podría culminar incluso en una futura no ratificación en su cargo de juez.

Agrega en el escrito que no fueron sancionados penalmente los culpables del cobro indebido de billetes de depósito, ``sino premiados en virtud de que todos los involucrados en la comisión de tales hechos habían sido contradictoriamente ascendidos y cambiados a otras adscripciones'', sin que el denunciante hubiera contado con ayuda o respaldo institucional alguno.

El 6 de diciembre de 1996, Ortega se entrevistó con el presidente del Consejo y de la Corte, Vicente Aguinaco Alemán, a quien le señaló que ``con fines aviesos se estaban desvirtuando, manipulando y mistificando los hechos denunciados, por la obvia afectación de intereses irregulares, propiciados y cometidos por personal de dudosa reputación''.

Señaló a Aguinaco que el contenido de tres oficios anteriores --en los que denunciaba las amenazas en su contra, dos ataques que había sufrido en su domicilio particular en junio de 1996, la falta de apoyo institucional y su petición de cambio de adscripción no atendida, entre otras cosas-- se acumula con el carácter de ``denuncias administrativas'' en contra de Luis Gilberto Vargas Chávez, consejero de la Judicatura Federal, así como de los magistrados Carlos Loranca Muñoz y Guillermo David Vásquez Ortiz, adscritos en Puebla y Guadalajara, ``a quienes les constaban los hechos narrados''.

Asimismo, incluye a los visitadores general y judicial Julio Humberto Hernández Fonseca y Alfonso Patiño Vallejo, entre otros.

Sanciones leves y hasta premios para los presuntos infractores

En la entrevista, Ortega señaló a Aguinaco que los oficios que le había girado y que había recibido oportunamente su ex secretario particular, José Manuel Cardona Reyna, no han sido admitidos ni tan siquiera a trámite por el Consejo de la Judicatura Federal, ni se ha procedido a investigar a los denunciados.

En el escrito asevera que ``el titular del sexto juzgado de distrito en Salina Cruz ha sido el único o quizá alguno de los pocos jueces federales que en acatamiento a la ley ha procedido a denunciar hechos delictuosos y actos de corrupción ocurridos en el juzgado de su adscripción antes que asumiera la titularidad de éste''.

Los órganos creados para combatir la corrupción --el CJF y la Visitaduría Judicial--, en lugar de ejercitar acción penal en contra de los responsables, se han concretado a sancionarlos levemente y a premiarlos.

Paradójicamente, concluye el juez: ``el titular denunciante ha sido objeto de anatema (imprecaciones) e inquina (aversión), corriendo el riesgo incluso de no ser oportunamente ratificado o ascendido, como tampoco ha sido cambiado de adscripción o readscrito'', lo que demuestra que ``el personal asignado para combatir la corrupción propicia su desarrollo''.