La noticia de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga desde hace año y medio a Raúl Salinas de Gortari, a Carlos Hank González y a su hijo, Jorge Hank Rhon, así como a José Córdoba Montoya y al ex secretario privado presidencial Justo Ceja, por el presunto uso de Conasupo para lavar dinero procedente del narcotráfico, pone al sistema político en su conjunto en una coyuntura harto difícil, cuya salida pasa obligadamente por un deslinde pleno y a fondo con respecto al gobierno anterior --más allá de las operaciones de imagen electoral, como las súbitas críticas priístas a Carlos Salinas por su política económica y sus vínculos con Acción Nacional--. No es sólo en el PRI, sino en todo el aparato de Estado, donde debe producirse una depuración y un saneamiento que permita investigar las responsabilidades políticas y penales en que pudieron haber incurrido algunos de los más altos funcionarios gubernamentales del sexenio pasado.

Estas tareas resultan impostergables si se considera que la información de The Washington Post va en la misma dirección que las clamorosas sospechas populares en el sentido de que la red de complicidades, la corrupción y el patrimonialismo --fenómenos que desde hace muchas décadas han permanecido enquistados en el aparato estatal de nuestro país-- llegaron, durante la presidencia de Carlos Salinas, a las más altas esferas del poder público, donde alcanzaron grados nunca antes vistos de depredación y rapiña de los haberes nacionales, pasaron por el establecimiento de vínculos de alto nivel con organizaciones delictivas y se tradujeron en una grave vulneración del Estado de derecho y en un gravísimo deterioro de las instituciones.

El hecho de que la opinión pública nacional deba conocer, por conducto de un medio de prensa extranjero, la existencia de una investigación emprendida por una dependencia de un gobierno extranjero, de presuntos delitos cometidos por funcionarios mexicanos en puestos de dirección de instituciones mexicanas, es ciertamente vergonzoso y lesivo para nuestra soberanía. Pero el espacio para estos actos de injerencia ha sido abierto por la propia indefinición y la tibieza con que las actuales autoridades nacionales han manejado la relación con sus predecesores en el poder. Ilustrativo de ello fue el carpetazo por medio del cual la bancada legislativa priísta cerró la investigación parlamentaria que se realizaba en torno a los supuestos manejos indebidos en la Conasupo en tiempos de Raúl Salinas.

En esta perspectiva, es llanamente inaceptable que la Secretaría de la Contraloría guarde silencio y que la Procuraduría General de la República reaccione afirmando que está a la espera de una denuncia formal para poder iniciar una pesquisa legal sobre presuntas actividades delictivas que el Departamento de Justicia investiga desde hace 18 meses.

La ambigüedad del actual gobierno con respecto al régimen que lo antecedió y lo generó resulta ya insostenible. La falta de voluntad o la incapacidad de las autoridades para ventilar públicamente sus diferencias con el salinismo, así como para iniciar investigaciones penales y civiles que despejen o confirmen, de una vez por todas, la vasta carga de sospechas e imputaciones informales que pesan sobre el gobierno anterior, resulta perniciosa para el país, toda vez que, en muchos sectores de la opinión pública internacional, casos como el presunto lavado de dinero por medio de Conasupo se toman como representativos del sistema mexicano en su conjunto; mientras tanto, en México, la inacción gubernamental en este terreno contribuye a generalizar la creencia de que existe un acuerdo inconfesable de protección e impunidad para Salinas y su equipo, creencia que a su vez alimenta el descrédito de las instituciones y el escepticismo político.